GOBIERNO DE CHILE IMPONE: DUCHAS Y BAÑOS TRANS EN COLEGIOS

EXCLUSIVO | Baños y duchas “inclusivas”, utilizar un lenguaje que elimine el “estereotipo de género”, permitir que un niño trans elija qué uniforme usar (si de hombre o de mujer), la obligación de llamarlo con el nombre “social” que ha elegido independiente de cómo se llame legalmente. Estas son algunas de las medidas que la Superintendencia de Educación ha ordenado a todas las instituciones educacionales del país, para resguardar los derechos de los niños transgénero y respetar la identidad de género, acorde a la ideología impulsada por la comunidad LGBTI. De no cumplir lo establecido por la Superintendencia, lo establecimientos serán sancionados.

Esta es la circular enviada por el gobierno de la Nueva Mayoría

La Superintendencia de Educación envió una circular dirigida a todos los sostenedores y directores de establecimientos educacionales del país y firmada por el superintendente Alexis Ramírez —a la cual El Demócrata tuvo acceso— para establecer “disposiciones que regulan los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación”.

DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO

El documento de nueve páginas define “género” como “los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas”.

Para la Superintendencia, la identidad de género es una “vivencia interna e individual del género tal como cada persona se siente profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al nacer“. Asimismo, la “expresión de género” corresponde a “cómo una persona manifiesta su identidad de género”.

En tanto, trans quiere decir “personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociados con el sexo asignado al nacer“.

La circular dice que los establecimientos educativos deberán conocer e implementar las disposiciones establecidas, ya que su incumplimiento constituye una infracción, que será sancionada en el procedimiento administrativo conforme a la gravedad de la misma.

DERECHOS TRANS: EXPRESAR LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL

Entre los derechos de los estudiantes trans que el gobierno establece, se encuentran:

  • El derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.
  • Derecho a no ser discriminados arbitrariamente por el Estado, ni por las comunidades educativas, en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.
  • Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con trato digno e igualitario en todos los ámbitos, en especiales en los de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.
  • Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.

OBLIGACIONES DE LOS SOSTENEDORES Y DIRECTIVOS

En tanto, la circular asegura que “los sostenedores, directivos, docentes, educadores, asistentes de la educación y otras personas que componen a la comunidad estimativa, están obligados a respetar todos los derechos que resguardan a niños, niñas y estudiantes”.

En esa línea, la Superintendencia de Educación expresa que “la vulneración de estos derechos constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la materia, en cuanto  legal, tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por Chile que establecen el resguardo de la no discriminación”.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO

El documento sostiene que los padres, tutores legales o apoderados de aquellos niños trans, así como el estudiante en caso de contar con la mayoría de edad, “podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes de la etapa por la cual transita su hijo/a, pupilo/a o estudiante”.

Para esto, los padres “deberán solicitar una entrevista o reunión con la máxima autoridad educativa del establecimiento (…) quien tendrá que dar las facilidades para concretar dicho encuentro en un plazo no superior a cinco días hábiles, que deberá ser registrado por medio de un acta simple, que incluya los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento”.

“Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo de la niña, niño o estudiantes, y su padre, madre, tutor legar o apoderado, velando siempre por el resguardo de su integridad física, psicológica y moral”, dice la circular.

MEDIDAS CONCRETAS QUE DEBERÁN ADOPTAR LOS COLEGIOS

Entre las medidas concretas que los establecimientos deberán implementar, se encuentran:

  • La utilización de lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género (mundialmente han usado términos como “niñxs”, “niñ@s” o la letra “E”).
  • Promover espacios de reflexión, orientación, capacitación acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de garantizar la promoción y reguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans.
  • En caso de que el niño trans tenga un nombre social —independiente de su nombre legal— todas las personas que componen la comunidad educativa deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio educativo. Por ejemplo, si un niño legalmente se llama Carlos, pero su nombre social ahora es Sofía, todos deberán llamarlo Sofía.
  • Presentación personal: El niño, niña o estudiante trans tendrá el derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género. Para esto se espera que los manuales de convivencia escolar se ajusten a derecho, de acuerdo a la normativa vigente.
  • Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar facilidades a los niños trans para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas previamente acordadas.

Finalmente, el documento expresa que “los establecimientos educativos deberán conocer e implementar las disposiciones establecidas en los cuerpos legales citados en esta circular en los términos señalados, ya que su incumplimiento constituye una infracción, que será sancionada en el procedimiento administrativo conforme a la gravedad de la misma”.

Fuente: http://www.eldemocrata.cl/noticias/duchas-y-banos-trans-en-colegios-de-chile-gobierno-envia-circular-obligando-a-adoptar-estas-medidas/

Referencia: El Transgenerismo de los niños es un abuso infantil

El último invento del lobby gay para lograr la adopción en Chile: la copaternidad

El lobby gay en Chile intenta aprobar bajo cuerda la adopción homosexual con la promoción de una proyecto de Ley que permitiría crear una nueva figura legal: la comaternidad y la copaternidad.

El último invento del lobby gay para lograr la adopción en Chile: la copaternidad

El último invento del lobby gay para lograr la adopción en Chile: la copaternidad

La iniciativa ha sido promovida por senadores del Partido Socialista y del Partido Por la Democracia de Chile junto con la escritora Isabel Allende y miembros de organizaciones pro LGBTI.

Sin duda alguna, la iniciativa, que fue presentada a la Cámara Alta, es una forma indirecta de presión para conseguir el matrimonio y la adopción homosexual en Chile.

De aprobarse, los homosexuales tendrían los mismos deberes y derechos legales que sus respectivas parejas con respecto a sus descendientes biológicos.

La figura sólo estaría vigente para quienes hayan contraído la unión civil, permitida para homosexuales desde el 2015 y que regula aspectos patrimoniales, provisionales, laborales y de salud de dichas parejas, pero no menciona derechos de adopción.

Mientras que para quienes promueven la iniciativa la normativa sólo suple vacíos legales y otorga derechos a una población “discriminada”, opositores como los senadores Andrés Zaldívar y Manuel Antonio Matta consideran que es un “invento de cosas que no existen” y que la propuesta “representa la opinión de un grupo de parlamentarios y no de la Nueva Mayoría”.

La norma hasta ahora inicia su proceso legal, que podría tardar más de un año, mientras se discute también la despenalización del aborto en tres causales.

Resultados preliminares de la votación de aborto en 3 causales en el senado:

Fuente: http://www.actuall.com/familia/el-ultimo-invento-del-lobby-gay-para-lograr-la-adopcion-en-chile-la-copaternidad/

Acosta: “El ejemplo de Chile desmonta a la ONU, por eso Bachelet quiere promover el aborto”

La presidenta chilena quiere imponer el aborto pero los provida han demostrado que Chile no necesita una ley del aborto.

Desde hace un año se debate en Chile, la iniciativa de Bachelet de despenalizar el aborto en tres supuestos: violación, malformaciones incompatibles con la vida y riesgo de vida para la madre. Además, la normativa permitiría abortar a las niñas y limitaría el derecho a la objeción de conciencia.

Para entender el alcance de esta legislación, promovida por la presidente Michelle Bachelet, y si responde o no a las necesidades de las mujeres de ese país Actuall con Jorge Acosta, director ejecutivo del Instituto Res Pública y asesor de Siempre por la vida.

¿Cuántos abortos ilegales se realizan en Chile?

El Gobierno asegura que entre 100.000 y 200.000 al año, pero la Revista Médica de Obstetricia y Ginecología de Chile hizo un estudio epidemiológico serio y concluyó que la cifra está entre 13.000 y 18.000 abortos al año. En Chile nacen 250.000 niños al año, por lo que es absurdo decir que hay un aborto por cada niño nacido.

¿Por qué si Chile tiene tasas de mortalidad materna tan bajas y buenos servicios de salud materna se promueve un proyecto abortista en el país?

Chile es un experimento natural, como llaman los científicos. Cuando tienes una agenda de la ONU o de organismos internacionales que te dicen que hay que promover el aborto como forma de mejorar la salud materna y ves que existe un ejemplo como el chileno, la tesis de los abortistas se cae.

En Chile el aborto está prohibido hace 30 años y pese a eso tiene la menor tasa de muertes maternas por embarazo de Suramérica. Está al mismo nivel de la de Estados Unidos, donde el aborto fue aprobado hace 40 años. Por lo tanto, el aborto no es la respuesta a la salud de las madres.

“El proyecto no lo promueve el Ministerio de Salud, como una política sanitaria, sino el Servicio Nacional de la Mujer, como política de género”

Pero entonces si la tradicional tesis feminista no es válida, ¿por qué despenalizarlo en el país?

El proyecto se está promoviendo porque la presidente Bachelet lo tiene como un proyecto personal. Ella fue directora de ONU Mujeres y dijo en más de un foro que le parecía vergonzoso que en su país hubiese una ley tan retrasada, según ella, con respecto al aborto. Lo más progresista, moderno, desarrollado, según ella, es tener una ley de aborto. Tan así es, que el proyecto no lo promueve el Ministerio de Salud, como una política sanitaria, sino el Servicio Nacional de la Mujer, como política de género.

¿Responde realmente el proyecto a las necesidades de la mujer chilena?

Hace muy poco se publicó en Chile un estudio que entrevistó a mujeres durante los últimos 15 años que han llegado a lugares de acogida y se les preguntó por qué pensarían en abortar. Más del 92% señaló que lo haría por coerción, miedo, violencia o pérdida de expectativas de vida. Lo hacen por razones muy distintas a las causales que se van a despenalizar. Esto nos debería servir para resolver el aborto no con una ley que lo promueva sino que lo prevenga y de programas de acompañamiento a mujeres que tienen embarazos difíciles.

¿Y este tipo de programas no han sido desarrollados en Chile?

El Gobierno dijo que iba a promover un programa de acompañamiento, pero sólo han sido declaraciones de intenciones para tratar de conseguir votos. Había un teléfono de ayuda a la mujer con embarazos vulnerables y le quitaron los fondos. Había un centro de ayuda para mamás adolescentes y también les quitaron los fondos. El único proyecto para la mujer que se ha trabajado es el de aborto.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante su toma de posesión. /Wikimedia

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante su toma de posesión. /Wikimedia

¿Qué opina el ciudadano de a pie sobre la despenalización del aborto?

Si le preguntas a un chileno que esté caminando por la alameda si está a favor del aborto libre o a demanda, el 70% dirá que está en contra. Pero el mismo 70% está a favor del aborto en unos casos extremos, porque lo ven como la mejor solución. Si se analizan los argumentos por los que creen que eso sucede, te das cuenta que está todo sustentado en mitos.

¿Cuáles son esos mitos?

El primero es que obligar a una mujer a continuar con un embarazo es someterla a un duro sufrimiento psicológico. Pero diferentes organizaciones psiquiátricas en Chile han comentado que no hay ninguna metodología que demuestre que el aborto es un tratamiento para la salud mental de la mujer. Por el contrario, las mamás que abortan tienen mayor riesgo de depresión, estrés postraumático e intentos suicidas que las que siguen con el embarazo.

“Por cómo está hecho el proyecto de Ley, todas las causales dan espacio para un aborto libre”

¿Y en el caso de riesgo de vida de la madre o violación?

Se ha hecho creer que en Chile está prohibido salvar la vida de la madre cuando está en peligro. La realidad es que todos los ginecólogos salvan la vida de las madres porque saben que es su deber legal, ético y profesional. Si no salva la vida de la madre, se va a la cárcel. Y esto no está penado, de lo contrario no tendríamos las bajas tasas de muerte materna que tenemos.

En el proyecto, sólo el supuesto de violación tiene fecha límite para practicar el aborto. ¿Será esto un proyecto de aborto libre ‘camuflado’?

Por cómo está hecho el proyecto de Ley, todas las causales dan espacio para un aborto libre. No se necesita un especialista para certificar malformaciones ni autopsia posterior. No hay que certificar la violación, solo basta recurrir a esa causal. No se especifica qué es peligro para la vida de la madre, por lo que todos los médicos que no tengan problema con hacer la práctica abortiva pueden aplicar esa causal libremente.

¿Es entonces un proyecto para restringir el aborto libre?

No es restrictivo, es permisivo. Es un proyecto de legalización del aborto porque obliga al médico a realizar el aborto con la petición de la mujer. Si hay objeción de conciencia, esa obligación recae sobre la institución de salud. Frente a la mera petición de la mujer, el aborto debe realizarse igual.

El Gobierno asegura que esta Ley no es impositiva y que no afectará a nadie. ¿Qué opina al respecto?

Al comparar los nacimientos de niños con síndrome de down entre Chile y Estados Unidos o Europa se ve que en nuestro país nacen 3 o 4 veces más niños con esta condición. Es verdad que en Chile no se legalizaría el aborto de estos niños, pero en todos los países donde hay aborto libre se parte de una ley de causales como esta y luego se empiezan a ver estos casos. Aprobar el aborto relativiza el valor de la vida y permite que el que tenga ‘taras’ pueda eliminarse, aunque hoy eso se vea como inhumano.

¿Cree que este proyecto puede aprobarse este año?

Este semestre es improbable porque aún no ha pasado por la Cámara Baja de los Diputados y todavía tiene que pasar por las comisiones de la Cámara Alta del Senado. Y eso si no hay modificaciones. Además, no es prioridad para un Gobierno que tiene una aprobación entre el 24% y 28%, una economía que puede entrar en recesión y una presidente acusada de corrupción por las acciones de su hijo.

Fuente: http://www.actuall.com/entrevista/vida/jorge-acosta-en-chile-debemos-resolver-el-aborto-pero-con-una-ley-que-lo-prevenga/

El lucro de la salud reproductiva en Chile

Hay una serie de políticas en materia de regulación de la fecundidad que se han implementado en nuestro país, existiendo varios estudios que cuestionan su eficacia, porque concurren intereses económicos e ideológicos atrás, siendo difícil separar ambos aspectos.

Desde 1960 órganos como ICMER y APROFA han implementado en nuestro país una serie de políticas en materia de regulación de la fecundidad, generando todo un mercado de intereses económicos e ideológicos. Si bien en algún momento estas instituciones ejercieron presión, lo cierto es que hoy en día los propios reglamentos del Minsal están lejos de condenar el aborto como una práctica delictual y más lejos aún de generar políticas públicas equitativas y efectivas en este tema.

[12 de mayo, 2013]

Polémica generó la controvertida disposición de la ley 20.418, que “Fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad”. En el artículo 2° de esta ley se estipula que la llamada Píldora del Día Después (PDD), o Píldora de Emergencia –y todos los demás métodos de anticoncepción–, puede ser adquirida por cualquier niño o adolescente menor de 14 años, en cualquier farmacia –y gratis en el sistema público–, sin consentimiento de los padres. La única condición es que se le avise, a posteriori, a la persona mayor de 18 años a quien este niño señale como responsable.

No hay que ser experto en la materia para comprender que, en muchísimos casos, ese adulto a quien el niño o adolescente señale será algún amigo, primo, u otro mayor de 18 que no tendrá ninguna responsabilidad ni incidencia real sobre lo que está ocurriendo. De esta manera, los menores tienen la posibilidad de acceder a esta pastilla, cuyos efectos abortivos aún no se han podido descartar –precisamente, el último estudio realizado al respecto en España indica que sí es abortiva–, sin que sus padres tengan la menor idea. Por eso existen quienes afirman que en estas circunstancias se atenta contra una condición mínima para lograr una paternidad responsable, y un real involucramiento de los padres en la educación de sus hijos. Es decir, se pasaría a llevar el derecho que, por ley, tienen padres y tutores sobre la crianza y educación de los niños, niñas y adolescentes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPor otro lado, la entrega de la PDD pasa por alto un hecho fundamental, según informa la ONG Comunidad y Justicia. El Código Penal señala que cualquiera que sostenga relaciones sexuales con un menor de 14 años comete delito de violación –salvo que exista una diferencia de edad de dos años o menos entre ellos–. Esto obliga a los funcionarios de salud a denunciar cuando se evidencia ante ellos esta situación. Más aún tratándose de menores de edad, y dados los numerosos tratados sobre derechos del niño que Chile ha firmado.

Según el abogado y Director de Comunidad y Justicia, Tomás Henríquez, “sólo existen dos alternativas: o se genera el absurdo de que los funcionarios de salud deben informar al Ministerio Público cada vez que un menor de 14 años pida una PDD para que investigue la violación, mientras que queda a su buena voluntad informar a los padres (lo cual, como se mencionó anteriormente, contraría normas constitucionales y de tratados internacional de derechos humanos sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos), o bien este reglamento es, como nosotros creemos, contrario a la ley 20.418 y al mismo tiempo posiblemente inconstitucional”.

En este contexto, cabe recordar que, luego de un año de discusión en Tribunales, durante el gobierno de Michelle Bachelet, un grupo de parlamentarios presentó un requerimiento frente al Tribunal Constitucional (TC), para que declararan inconstitucional el decreto que establecía la distribución de la PDD. Esta instancia estableció que efectivamente el decreto era inconstitucional, prohibiendo la venta del medicamento, por no haber pruebas científicas concluyentes de que no fuese abortiva. Se utilizó la presunción pro-dignidad de la persona humana, y se decretó no distribuirla. Considerando que el TC es el organismo que interpreta la Constitución, ¿qué pasó entonces, que no se respetó la disposición del TC? Es lo que se preguntan quienes se oponen a este anticonceptivo de emergencia, que aún no encuentran respuesta.

Algo similar ocurrió con los argumentos que esgrimieron tres de las principales cadenas farmacéuticas que, apelando a la objeción de conciencia, se negaron a vender la píldora. Si bien en un principio se aceptaron estos argumentos, luego se revocó la decisión, y las farmacias que no tenían en stock Píldoras del Día Después fueron sancionadas a pagar una multa de mil UTM ($33 millones de pesos).

Sin embargo, existen estadísticas que muestran que, de las 35 mil dosis adquiridas por el ministerio de Salud (Minsal) en 2001 al laboratorio Grünenthal –actualmente retirado del mercado de las PDD en Chile–, no se entregaron las esperadas. Según el cálculo de entrega por año –no más de mil–, el stock se acabaría el 2016. Claro que, para ese entonces, tendrán 7 años de vencimiento. Hasta el cierre de este reportaje no se pudo obtener respuesta oficial del ministerio de Salud respecto de qué pasó finalmente con esas dosis, pero todo indica que hubo que descartarlas.

Según una investigación que realizó el diario El Mercurio el año 2006, el monto que se pagó por estos medicamentos variaba, según las distintas versiones, entre $65, $130 y $400 millones. Aún si nos quedamos con la cifra más baja, se trata de una cantidad enorme de dinero. Para hacer una comparación, significa el equivalente a 336 veces el sueldo mínimo. Es decir, 28 años de trabajo para alguien que gana ese monto. Quizás esto explica la falta de respuesta de parte del Ministerio de Salud.

Grünenthal se fue del mercado de Chile porque, a diferencia de lo que ocurría en los otros países donde vendía la píldora de emergencia, los envases de sus píldoras no tenían rótulo indicando que el medicamento podía resultar abortivo. Frente a esta situación, grupos que buscaban impedir que se comercializara el fármaco amenazaron con demandar a la empresa por publicidad engañosa. Frente a esta posibilidad, el laboratorio decidió retirarse.
En este mar de irregularidades y situaciones poco transparentes, la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo se cuelan este tipo de leyes y políticas en un país como Chile, que no permite ningún tipo de aborto?

Hay una serie de políticas en materia de regulación de la fecundidad que se han implementado en nuestro país, existiendo varios estudios que cuestionan su eficacia, porque concurren intereses económicos e ideológicos atrás, siendo difícil separar ambos aspectos.

La ideología Kissinger aterriza en Chile

El año 1964, el Servicio Nacional de Salud de Chile creó el programa de Control de Regulación de la Fecundidad. Esta iniciativa puso a disposición de la población los métodos anticonceptivos artificiales que hoy conocemos.

En 1965, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se creó en nuestro país la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA). Según se explica en su página el “paradigma original fue la Planificación Familiar, concepto acorde a la realidad de la época, cuando vivir y planificar la sexualidad y la reproducción se ligaba a una familia legal o religiosamente constituida”, en una época en que el aborto terapéutico en Chile estaba permitido por ley, en caso de que tres profesionales se pusieran de acuerdo sobre el hecho de que la vida de la madre o el hijo estaban en peligro. Esta ley de aborto terapéutico estuvo en vigencia desde 1931 hasta 1989.

APROFA2En un principio, al menos por parte de las autoridades nacionales de ese entonces, estas medidas tuvieron como objetivo frenar, mediante la entrega de píldoras anticonceptivas, que se cometieran abortos. “El que lideró los estudios en Chile [sobre anticoncepción] fue el doctor Benjamín Viel Vicuña [quien colaboró con APROFA en sus inicios, como se puede ver en la página de la asociación]. Al leer sus estudios, resulta manifiesto que la anticoncepción en Chile se comenzó a hacer con un objetivo y fin muy claro, que era prevenir el aborto, y disminuir las hospitalizaciones por aborto en Chile”, explica el doctor Elard Koch, investigador en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile y actual director del Instituto MELISA. Por este mismo motivo, según señala el especialista, los métodos artificiales de control de la natalidad comenzaron a instalarse en Chile sin mayor oposición.

Sin embargo, como se constata en varias investigaciones, y según lo que los mismos protagonistas afirman, la creación de organismos como APROFA –dependiente de la International Planned Parenthood Federation– fue parte de una estrategia para reducir las tasas de natalidad alrededor del mundo.

Es un hecho conocido que en Estados Unidos, durante el gobierno de Gerald Ford –padre de uno de los fundadores de la Fundación Ford, promotora del aborto y el control de la población se tomaron medidas concretas que buscaron disminuir la tasa de natalidad en países tercermundistas, para defender los intereses políticos y económicos de esta nación. Esto se puede leer en el documento –en un principio altamente secreto, pero desclasificado en la década del 90–, “Consecuencias del Crecimiento Mundial de la Población para la Seguridad de los Estados Unidos y sus Intereses de Ultramar”, más conocido como “Informe Kissinger”, que se encuentra completo en internet. Según se explica en el informe, un aumento no controlado de la población en países tercermundistas aumentaba el riesgo de desórdenes e inestabilidad política donde había –hasta el día de hoy– intereses para Estados Unidos.

Los efectos de estas políticas, elaboradas en 1974 por Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano en ese entonces, son estudiadas profundamente hasta el día de hoy, especialmente por agrupaciones que critican la injusticia de las prácticas abortivas, que ven cómo sus consecuencias siguen afectando, más de cuarenta años después, las políticas internas de los diferentes estados.

En el documento se indica que “la estrategia de los EEUU debe apoyar actividades generales capaces de alcanzar éxitos importantes en problemas claves que pueden impedir el alcanzar los objetivos de control de fertilidad. Por ejemplo, el desarrollo de métodos anticonceptivos más sencillos y efectivos”. Se puede leer además, textualmente en el documento: “1. Prácticas mundiales del aborto. Ciertos hechos sobre el aborto necesitan ser considerados: Ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto”.

Las consecuencias de estas decisiones no han sido inocuas. Tras cumplirse 49 años desde la entrada en vigencia del Programa de Control de la Regulación de la Fecundidad en nuestro país, los números hablan por sí solos: en el año 1960 el número de hijos por mujer era de 5,39, mientras que el año 2012, según los datos entregados por el INE había descendido a 1,45, causando preocupación en las autoridades por el bajo crecimiento que está experimentando Chile en su población. Según lo que Jorge Pino, Premio Nacional de Historia (2012) y especialista en demografía, explicó al diario La Tercera, el descenso de la tasa de natalidad es una repercusión de las políticas de planificación familiar de 1960. “Esto era previsible, nuestro país está en lo que se llama ‘transición demográfica’, que implica una caída en las tasas de mortalidad, de crecimiento y un aumento de las expectativas de vida”, señaló.

El dudoso negocio de ciertas ONG

Dado el lugar y posición de privilegio que han tenido las instituciones promotoras del aborto en los organismos de salud en nuestro país, durante muchos años nadie preguntó ni investigó lo que se realizaba en dichos organismos gubernamentales, mientras APROFA y otras instituciones se apoderaban o dirigían internamente nuestros organismos de salud.

El poder que han tenido algunas instituciones extragubernamentales como APROFA o ICMER (Instituto Chileno de Medicina Reproductiva), en la elaboración y dirección de las políticas públicas sobre fertilidad y reproducción en Chile, específicamente desde el Minsal, es innegable. A modo de ejemplo, basta con mencionar que los editores de las Normas Nacionales sobre la Regulación de la Fertilidad del Minsal –documento elaborado durante el gobierno de Michelle Bachelet, que sigue disponible en el sitio del ministerio– fueron los doctores René Castro, del Minsal, Soledad Díaz, de ICMER, Guillermo Galán, de APROFA, Carmen López, de Minsal y María Isabel Matamala, de Minsal.

APROFA – filial de la IPPF (International Planned Parenthood Federation), una de las principales promotoras del aborto en el mundo– declara abiertamente, dentro de sus principios, que busca la legalización del aborto en Chile. Según se explica en su Planificación Estratégica 2011-2015, uno de sus objetivos es “participar activamente, en coordinación con otras Instituciones, en todas las instancias de Advocacy [apoyo] que lleven a la reincorporación del aborto terapéutico en la legislación chilena”. Esto, dentro del contexto de las “5 ‘A’” que conducen su planificación estratégica: Acceso, Adolescentes, Aborto, VIH/SIDA y Advocacy. Así mismo, en su página aclaran que “APROFA está a favor de la Interrupción Legal del Embarazo en Chile y desarrolla acciones para la aprobación de leyes que lo permitan, en caso de riesgo para la salud o vida de la mujer, cuando el feto es inviable o cuando el embarazo es producto de una violación o incesto”.

IPPF, por su parte, explica en su página que “la misión de APROFA es trabajar hacia la despenalización total del aborto. APROFA es miembro activo de un grupo de estrategia que trabaja para restablecer el aborto terapéutico y ha publicado el libro ‘Aborto en Chile: Argumentos Y Testimonios para su Despenalización en Situaciones Calificadas’”.

APROFA, además, “ha desarrollado el mercadeo social de Métodos Anticonceptivos, ofertando la más amplia variedad de ellos, incluida la Anticoncepción de Emergencia”, como se explica abiertamente en su página, y cuenta con dos salas de venta, uno en La Florida y otro en Providencia. Junto con esto, APROFA tiene el registro en el ISP del producto “Norlevo” -cuyo componente activo es Levonorgestrel en 1,5mg-, fabricado por Delpharma, y cuya licencia es de HRA Pharma. La Presidenta de HRA Pharma fue premiada con el mismo galardón que el Dr. Horacio Croxatto.

Este último es médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, especialista en métodos anticonceptivos y uno de los creadores del implante subcutáneo. En la actualidad dirige el Centro de Investigación de Medicina Integrativa y Ciencia Innovadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello y es un férreo defensor de la píldora del día después. El Dr. Croxatto, en una entrevista realizada en el programa de televisión Tolerancia Cero, se declaró a favor de la interrupción del embarazo hasta la octava semana.

APROFA recibe financiamiento directo de IPPF. Sólo entre 2008 y 2011 (según los propios estados financieros de la IPPF) APROFA ha recibido casi 1 millón de dólares de financiamiento. En 2011 recibió $110,388 dólares. En 2010 recibió $292,340. En 2009 $263,692. En 2008 $157,803

Con estos antecedentes, el año 2011, –es decir, bajo el gobierno de Sebastián Piñera– “APROFA fue seleccionado por el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de la Mujer para ser una de las alternativas para ofrecer educación sexual en Chile”, según se estipula en su Planificación.

Otra de las instituciones que ha participado en la creación de documentos promovidos por el Minsal es ICMER (Instituto Chileno de Medicina Reproductiva), una fundación sin fines de lucro que fue fundada por la Dra. Soledad Díaz –actual Presidenta del directorio de ICMER– , Dr. Fernando Zegers – miembro del consejo directivo de ICMER y co-fundador de la Unidad de Medicina Reproductiva en Clínica las Condes– y el Dr. Horacio Croxatto, anteriormente mencionado.

ICMEREn una carta publicada en el sitio web de ICMER, Croxatto relata que los recursos que le permitieron impulsar el instituto fueron donados por organizaciones filantrópicas extranjeras, entre las que destacan: Population Council (promotores del aborto a nivel mundial, fundada por John Rockefeller III), International Development Research Center (IDRC) de Canadá, Bill & Melinda Gates Foundation, quienes realizaron un aporte de US$2.8 millones para implementar un programa de capacitación en salud reproductiva, y con el tiempo se han ido sumando algunas farmacéuticas y otras fundaciones, según se constata en el sitio de Bill & Melinda.

ICMER también obtiene beneficios económicos, ya que a su vez vende una amplia gama de anticonceptivos y otros métodos de regulación de la fertilidad como el Dispositivo Intrauterino, incluyendo, nuevamente, la controvertida PDD.

La Fundación Ford, por su lado, es el principal donante de las instituciones que promueven en Chile la defensa a los derechos sexuales y reproductivos, además de otras instituciones no ligadas necesariamente a estos temas.

Entre las instituciones beneficiadas con sus subvenciones –en diferentes áreas– han estado: ICMER, la Facultad de ciencias sociales de la U. de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Alberto Hurtado (CIDE), Iglesia Evangélica Luterana, La Morada –asociación feminista– y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La eficacia de las medidas

Si bien en algún momento estas instituciones ejercieron presión dentro de cada gobierno para imponer su agenda, hoy esto ya no es necesario, pues los propios reglamentos del ministerio de Salud, lejos de condenar el aborto como una práctica delictual, dan por hecho ciertas afirmaciones, que contradicen el discurso pro-vida enarbolado por Sebastián Piñera, quien en carta a El Mercurio en marzo de 2012 se declaró “contrario a la legalización del aborto, por múltiples razones y de diversa naturaleza (…). Soy partidario de proteger la vida y dignidad humana desde su concepción hasta la muerte natural”.

Por ejemplo, en las “Orientaciones técnicas para la atención integral de mujeres que presentan un aborto y otras pérdidas reproductivas”, del año 2011, se afirma con total certeza que “no existen bases suficientes para definir un ‘síndrome post aborto’ ” –un tema que no está en absoluto resuelto–, e incluso se afirma que “las reacciones negativas severas son raras; aunque muchas mujeres pueden experimentar remordimiento, tristeza o culpabilidad, la mayoría de las mujeres siente alivio”. El documento del Minsal va más allá: indica que, de acuerdo a estudios realizados, es más frecuente la depresión post parto que la post aborto.

Esto no se condice para nada con estudios realizados en Finlandia que indican que “el aborto incrementa a más del doble el riesgo de suicidio en mujeres en edad reproductiva, mientras el embarazo llevado a término lo reduce”. Pero sin ir tan lejos, “en el contexto latinoamericano la historia de aborto inducido se asocia significativamente a ideación suicida en mujeres brasileñas”.

Contradice toda lógica que un proceso totalmente natural pueda ser más destructivo para la sicología humana que un acto absolutamente violento. Al menos esto se reconoce en otro documento del Minsal: “Aportes a la elaboración de una guía de práctica clínica para la atención de mujeres que ha sufrido un aborto”, donde se afirma que “Cuando un aborto no es espontáneo, sea éste instrumental o farmacológico, es siempre una violencia contra el propio cuerpo”. Pero aún dejando este argumento de lado, lo menos que se puede decir es que este no es un asunto zanjado, como para presentarlo en un documento público, con el sello del Gobierno.

Por otra parte, y considerando que en Chile cada año nacen cerca de 35 mil niños de madres menores de 20 años, las políticas del Minsal sobre salud sexual y reproductiva, buscan combatir el embarazo adolescente, más que a establecer programas integrales sobre sexualidad y afectividad. Así ocurrió, por ejemplo, con el caso del Implanon, –el implante subcutáneo creado por el dr. Croxatto–, que tiene una duración de tres años.

Consultada sobre este método anticonceptivo en particular por diario La Segunda hace un par de años, la entonces Subsecretaria de Salud Pública (S), Sylvia Santander –quien aún se desempeña al interior de la subsecretaría indicó que “uno de los anticonceptivos que se ofrece es éste, pero como es de alto costo, está priorizado para poblaciones de alto riesgo: chiquillas adictas a la droga, que tengan alcoholismo o dificultad de acceso a los servicios (…) especialmente en menores de quince, ojalá. O drogadictas. Que tengan una familia muy disfuncional o problemas mentales”.

322388_3652De esta manera, se instala este mecanismo para lograr que estas adolescentes –especialmente menores de 15 años– no se embaracen. Como afirma Carmen Croxatto, Coordinadora de la Red por la Vida y la Familia, ”considerando que este es un método de liberación lenta durante 3 años, es altamente peligroso en menores, y el Minsal sólo se preocupa de que evita el embarazo. Es un trato discriminatorio y falto de ética hacia las niñas, que con este implante pueden seguir siendo abusadas; como es en confidencialidad, padres y apoderados no se enteran y el ministerio en vez de buscar las causas de las carencias afectivas y educar a la población, opta por lo más fácil”. Ello explica que se hayan presentado demandas judiciales y denuncias por parte de organismos pro-vida. ¿Hasta qué punto están estas adolescentes en condiciones de tomar una decisión al respecto? A los quince años, escasamente lo estarían si no presentaran los problemas mencionados de drogadicción, alcoholismo, o problemas mentales. ¿Tiene el ministerio de Salud la prerrogativa de tomar unilateralmente una decisión de esa naturaleza sobre otra persona? En este caso se impone a estos jóvenes un método anticonceptivo, simplemente por estar en condiciones de extrema vulnerabilidad y desamparo, y por considerar que en el caso de ellos es “peor” que se produzca un embarazo.

Argumentos similares son los que están detrás de la ley sobre la PDD mencionada anteriormente. Sin embargo, como señala el dr. Elard Koch, este efecto que se busca no se ha logrado, según la experiencia de otros países. “Cuando distribuyes la Píldora [del Día Después] a la población, incluso con anticoncepción facilitada, distribuyéndola gratuitamente, para que las mujeres anden con la píldora en la cartera, no muestra reducir las tasas ni de embarazos no planificados, ni de abortos. (…) Esto no se ha logrado en ninguno de los cinco estudios que evaluaron directamente este tema”. Según explica, esto se debe fundamentalmente a que no se está atacando el problema de raíz, que es conductual, esto es, de educación sexual.

En este sentido, Koch es más radical: “según la evidencia científica, actualmente la distribución de la PDD no tiene un beneficio real desde el punto de vista de la salud pública: no reduce los embarazos no planificados, en general no reduce los embarazos adolescentes, y no tiene efectos contra las tasas o las prácticas de aborto”. Parecería, entonces, que los únicos beneficios de la distribución de la PDD los estarían obteniendo quienes comercializan con ella.

Lo mismo concluye Emilio Jesús Alegre del Rey, farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria, quien acaba de presentar en París, con ocasión del Congreso Europeo de Farmacia Hospitalaria –realizado del 13 al 15 de marzo–, unacabado estudio donde concluye que, en un 30 y hasta 50% de las ocasiones, la PDD tiene un efecto abortivo precoz, acabando con la vida del embrión no implantado. “La disponibilidad de la PDD atenta contra la vida de los embriones aún no implantados, supone riesgos para las usuarias, carece de beneficios en términos de reducción de la tasa de embarazo imprevisto y aborto provocado, y ocasiona un gasto superfluo”, señalan las conclusiones del estudio.

Diferente es lo que ocurre con otros métodos de control de la natalidad que se han implementado en algunos países de África, y que incluyen una educación afectiva. Se trata de los métodos ABC: Abstinence, Be faithful and use Condom [abstinencia, fidelidad, y uso del condón], que promueven, en primer lugar, la abstinencia. Si no se está dispuesto a abstenerse, la fidelidad. Si no se está dispuesto a ser fiel, el uso de condón.

Estas son, según señala Koch, las únicas medidas que han resultado ser efectivas en la reducción del embarazo precoz –es decir entre 13 y 17 años–, y en el retraso del inicio de la actividad sexual. Más aún cuando se involucra a los padres. “La educación de la sexualidad y la afectividad que logra reducir realmente las tasas de embarazo adolescente, es aquella que involucra al papá y a la mamá. Cuando tú estás promoviendo la distribución de la PDD sin conocimiento de los padres, lo más probable es que lo único que logres es incrementar su uso”, mientras que no resuelve los problemas mencionados de maternidad adolescente, y prácticas abortivas.

Llama la atención que, dados los resultados que han tenido este tipo de iniciativas, su uso no esté más extendido. De hecho, mientras que durante varios años en Estados Unidos se promovieron políticas en esta línea, actualmente es imposible encontrar documentación al respecto en el sitio del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos.

Resulta indiscutible que en todo tratamiento e iniciativa farmacológica hay una industria farmacéutica detrás, con diferentes estrategias de comercialización y marketing, sea influyendo mediante lobby en los gobiernos, o a las distintas agrupaciones profesionales de los países.

Considerando todos los antecedentes presentados, es inevitable preguntarse e indagar cuáles son los reales intereses que hay detrás de estas prácticas y decisiones. Pareciera, dados los antecedentes disponibles, no ser el beneficio de la población, ni tampoco la educación de los niños y jóvenes del país. Dado que estas políticas tienen un impacto gigantesco en nuestra sociedad, lo menos que se puede exigir es que sean efectivas –y no lo son–; que no discriminen injustamente –y lo hacen–; y finalmente, que cumplan la función de toda política pública, que es dar respuesta a un problema público. Con todo, estamos lejos de contar con una política pública de planificación a la altura de nuestra legislación y más bien pareciera que tenemos un cuerpo normativo que ha favorecido el negocio de unos pocos, a costa de la gran mayoría de los chilenos.

por:
Mariana Galaz V. (@galazmari)
Sebastián Huerta G. (@tianhrt)

Fuente: http://www.chileb.cl/reporteros/el-lucro-de-la-salud-reproductiva-en-chile/

ABORTO: Cuando la propaganda choca con la ciencia

En el proyecto de ley que actualmente se discute en el congreso, se afirma que la tasa de muerte materna por aborto en Chile es de 4,6/100.000 nacidos vivos (NV), y que en Estados Unidos, es de 0,3/100.000 NV, sugiriendo que una ley que permita el aborto, ayudaría a disminuir la tasa de mortalidad materna por aborto. Sin embargo, estudios avalan la incongruencia de estas cifras, además de otras consecuencias (como el aumento del riesgo de suicidio) que este proyecto de ley prefiere ocultar.

El doctor Elard Koch, epidemiólogo chileno Director Instituto de Epidemiologia Molecular (MELISA) en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y Director de Investigación en la Universidad de Chile Facultad de Medicina, afirma en una entrevista realizada al diario El País de Uruguay, que «El aborto legal no mejora los datos de salud materna en ningún país: Chile no tiene aborto desde 1989, las chilenas no abortan tampoco en los países vecinos, y su salud maternal es la mejor del continente americano. Ninguna chilena ha muerto por aborto clandestino».

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-Usted ha estudiado en Chile la relación entre la mortalidad materna y el aborto. ¿A qué   conclusión llegó?
-El caso de Chile es único porque se prohibió el aborto en 1989 y eso permitió evaluar en un largo período de tiempo. Durante 40 años en los que se promovieron diferentes legislaciones especialmente en Europa y Estados Unidos, hay una noción de que la prohibición del aborto tendría un efecto negativo sobre la salud materna producto de que habría grandes cantidades de abortos clandestinos.
Pero la investigación que hemos hecho demuestra lo contrario, porque la mortalidad materna global continuó reduciéndose (hasta llegar al 94%) y la mortalidad materna exclusivamente por aborto se redujo en un 99%.

La principal conclusión es que el status legal del aborto tiene un efecto nulo en cuanto a la mortalidad materna, que venía reduciéndose desde 1965, por lo que si prohibir el aborto tiene un efecto negativo lo que debíamos observar es que la mortalidad materna dejara de reducirse o se incrementara.

-¿Cuál debería ser el total de abortos anuales en Uruguay en función de su población?
-Nosotros hicimos una estimación para Uruguay antes de que se legalizara el aborto e indicaba un intervalo entre los 3.200 y 5.200 abortos anuales. Pero en ningún caso podría haber en Uruguay 33.000 abortos como se dijo durante el debate parlamentario de la ley. Eso realmente es una cifra escandalosa.

-¿Qué pasaría con esa cifra si la ley que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas se mantiene vigente?
-La cifra puede aumentar entre ocho y diez veces, por lo que en 15 años Uruguay podría llegar a tener entre 30.000 y 35.000 abortos anuales. Por ejemplo, en España el aborto se legalizó en 1985 y dos años más tarde hubo 16.766 abortos y en 2008 hubo 115.000. Pero todo esto depende de la conducta reproductiva y la fertilidad de cada país.

-¿Cuáles son las situaciones que conlleva la despenalización del aborto?
-El aborto clandestino es diez veces más bajo que el que ocurriría con el aborto legal, por lo quetodos los problemas que atrae de por sí se van a exacerbar debido a que aumenta la cantidad de abortos. Los dos problemas que actualmente están muy documentados en la literatura son los relativos a la salud mental.

Dos estudios en Finlandia y otro en Estados Unidos siguieron durante un año a mujeres que abortaron comparándolas con otras que no abortaron, y mostraron que el riesgo de suicidio aumenta entre dos y tres veces.

También hay riesgo de problemas en embarazos subsiguientes, con situaciones de nacimientos de niños prematuros. Pero lo que más aumenta con la legalización del aborto es la repetición, ya que hay mujeres que se realizan uno, dos, tres cuatro y hasta cinco abortos a lo largo de su vida fértil. Y eso ocurre en especial en las mujeres más jóvenes, que comienzan con los primeros abortos siendo adolescentes.

-En Uruguay, la mayoría de los abortos se realizan mediante el uso de Misoprostol, por lo que la mujer interrumpe su embarazo en su casa. ¿Eso tiene algún efecto?
-Más que el aborto quirúrgico, el aborto por Misoprostol que hace la mujer en su casa, provoca serias contracciones y eso es una experiencia que provoca un mayor trauma. El aborto por Misoprostol que se practica la mujer en su propia casa no es como sacarse una uña, sino que hay que pensar que hay un importante sangrado y contracciones, además del drama que significa tener que decidir poner fin a la vida de un hijo o hija en proceso de gestación.

“El hijo en gestación no es un apéndice”
El doctor Elard Koch entiende que el argumento por el cual se defiende la legalidad del aborto en función de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, no es válido. “Yo tengo derecho a aletear con mis brazos, pero en el momento en que comienzo a rozar la nariz de otra persona con mi aleteo, ese derecho desaparece”, dijo el médico chileno a El País.

“Y en este caso pasa lo mismo, porque el hijo o hija en gestación no es un apéndice ni parte del cuerpo de la mujer, sino que es un individuo genéticamente diferente”, remarcó el experto.

Consultado sobre el máximo de 12 semanas de gestación que prevé la ley uruguaya para considerar legal un aborto, Koch dijo: “Como médico y científico tengo muy claro que la vida humana comienza al momento de la fecundación, porque a partir de ese momento ya hay un hijo en gestación. El concepto de persona es más bien jurídico”.

(Fuente: El Pais)

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Elard Koch es experto en epidemiología y en biología molecular. Dirige el Instituto de Epidemiología Molecular en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es profesor asistente e investigador en el Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Visto en: Instituto de Política Familiar Chile

Referencia:

Women’s Education Level, Maternal Health Facilities, Abortion Legislation and Maternal Deaths: A Natural Experiment in Chile from 1957 to 2007

Sin crucifijos ni pancartas: El “no al aborto” de un marxista agnóstico

Pedro Godoy, agnóstico y director de un centro de ideas ligadas al marxismo, explica que “el progresismo busca simplemente presentar el asesinato de una criatura indefensa como algo moderno”.

Muchas veces se sostiene que aquellos que manifiestan estar a favor de la vida y abiertamente contra el aborto, fundarían su juicio en sus creencias religiosas. Que este debate se trata al final del día de proteger al “estado laico”. Pero ¿es tan así?

Tras el anuncio de la Presidente Michelle Bachelet de avanzar en la despenalización del aborto, conversamos con el Dr. Elard Koch, Director de Investigación del Instituto MELISA y con Pedro Godoy, Sociólogo agnóstico y ex militante socialista, quien se desempeña como director del Centro de Estudios de Chile (CEDECH) quienes están a favor del que está por nacer y en contra del aborto bajo las circunstancias que sean.

“Calificar una postura como clerical o integrista es un enfoque sesgado” 

“El lema ‘en mi cuerpo mando yo y hago lo que quiero’ involucra un individualismo grosero y asesino” | Imagen del programa “En pauta”

“El lema ‘en mi cuerpo mando yo y hago lo que quiero’ involucra un individualismo grosero y asesino” | Imagen del programa “En pauta”

Pedro Godoy manifiesta una postura poco común entre quienes defienden una visión política como la suya. Fue militante socialista y cercano a Hugo Chávez. Se declara agnóstico y actualmente dirige un centro de estudios ligado a ideas del marxismo. Según el académico, “existe una agenda que busca justificar el aborto desde los derechos humanos y presentarlo como una práctica normal y legítima”. El sociólogo afirma que “el progresismo busca simplemente presentar el asesinato de una criatura indefensa como algo moderno”.

Godoy aclara que comparte ciertas premisas del aborto terapéutico, pero es claro en sentenciar que “las cúpulas de los partidos políticos están en la moda de la teoría de género, que ampara el aborto como derecho”. “El lema ‘en mi cuerpo mando yo y hago lo que quiero’ involucra un individualismo grosero y asesino, porque está involucrada otra persona con derecho a nacer”.

Sobre el discurso que busca deslegitimar la postura pro vida por estar supuestamente ligada sólo a la religión, el académico es enfático en decir que “es claro por qué se dispara contra la familia y la Iglesia”, pues en su opinión “se trata de dos muros de contención para esta campaña envuelta en la túnica del ‘respeto a la diversidad’ y de ‘los derechos de las minorías’”.

Finalmente, Godoy aclara que “desde el CEDECH, en ningún aspecto ligado a Fiducia o al Opus Dei,  juzgamos el aborto como una violación a los DD.HH. y como un asesinato silencioso de millones”.

El aborto no tiene nada que ver con algo religioso

Para Koch, “el debate sobre el aborto tiene que ver con reconocer una vida biológica presente desde la fecundación” | International Symposium of Maternal Health

Para Koch, “el debate sobre el aborto tiene que ver con reconocer una vida biológica presente desde la fecundación” | International Symposium of Maternal Health

Por su parte, para Elard Koch “el debate se puede circunscribir en distintas áreas: ética, bioética, religiosa, moral, científica y política”. El académico aclara que “dependiendo del ámbito de discusión, habrá distintos argumentos”. Desde el punto de vista científico, el investigador declara que “la postura sobre el aborto pasa simplemente por el reconocimiento de una vida biológica que comienza con la fecundación y que ningún científico serio puede negar”.  

Koch declara que “la protección de la mujer embarazada, implica dos pacientes, la madre y el ser humano en gestación”. “Esto es ciencia, no tiene nada que ver con algo religioso, sino con resguardar un derecho humano básico”, agregó.

Respecto al aborto terapéutico, el epidemiólogo refuta la tesis que busca establecer que el aborto sería necesario para bajar la mortalidad materna. “De acuerdo a la evidencia científica, la eliminación del aborto terapéutico en Chile no aumentó las tasas de mortalidad materna. Todo lo contrario, estas continuaron disminuyendo”. De acuerdo a las conclusiones de Koch y desde el punto de vista de la salud materna, ”la legislación del aborto es innecesaria”.

Fuente: http://www.chileb.cl/noticias/sin-crucifijos-y-pancartas-el-no-al-aborto-de-un-marxista-agnostico/

La Unión Europea financia un cuento homosexual para párvulos chilenos

“Nicolás tiene dos papás” llegará a 500 jardines de infancia chilenos gracias al apoyo financiero de la Unión Europea y de la embajada de Holanda.

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La Unión Europea y la embajada de Holanda han financiado el cuento infantil ‘Nicolás tiene dos papás”. El supuesto ‘cuento’ se distribuirá en 500 jardines de infancia y cuenta con el apoyo del Colegio de Educadores de Párvulos y de la Universidad de Chile donde se ha presentado a mediodía de este miércoles.

La paradoja es que se trata de educar en la diversidad sexual a párvulos que todavía no ha despertado a la sexualidad. Además, el programa resulta contradictorio con la misión marcada por la propia Junta Nacional de Jardines de Infancia que apela al derecho de los niños a una educación que les ayude en un desarrollo integral: emocional, intelectual, físico y social.

¿De verdad que piensan que con este programa ayudan al desarrollo emocional?, ¿no será más bien que ayudan a la confusión?”, se preguntan en la campaña lanzada desde Citizen Go Chile.

El lobby homosexual chileno, el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual, se muestra entusiasta por el hecho de que sea la primera vez que una administración pública americana financie un proyecto de este estilo. “¿De verdad que el gobierno Bachelet quiere ser pionero en estas cosas?”, se preguntan en la campaña.

Por supuesto, la campaña no ha sido dialogada ni consensuada con los padres de familia. Una violación gravísima de la patria potestad. “Los experimentos, con agua carbonata; ¡con nuestros hijos no se juega!”, advierten en la campaña en la que se preguntan si el polémico programa ‘educativo’ podría ser catalogado de “corrupción de menores”.

La petición on-line va dirigida a la embajadora de Holanda en Chile, Fiona Clouder y al delegado de la Unión Europea en Chile, Rafael Dochao Moreno. “Que la embajada de Holanda y la UE financien este proyecto supone toda una injerencia ideológica. “¿De verdad que estas son sus prioridades en materia de desarrollo?”, critican en el mensaje remitido a las respectivas delegaciones diplomáticas.

Si quiere participar en la campaña puede hacerlo aquí:

http://www.citizengo.org/es/12568-stop-al-cuento-nicolas

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Yo creo que:

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Y la evidencia científica me respalda y apoya…