Candidato a la presidencia Chileno propone incorporar temas de Ideología de Género desde la educación parvularia

El candidato presidencial Alejandro Guillier es uno de los promotores de un proyecto de ley que busca incorporar la identidad de género en la educación parvularia. El proyecto, que fue firmado por otros cuatro senadores, está en su primer trámite constitiucional. “Guillier quiere utilizar una retroexcavadora valórica para que a los niños desde kínder se les empiecen a inculcar la diversidad sexual”.

“Incorporar la identidad de género entre los objetivos de la educación parvularia”, es el propósito de una moción firmada, entre otros, por el candidato presidencial del Partido Radical y del Partido Socialista Alejandro Guillier.

El proyecto de ley, que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en la comisión de educación y cultura del Senado, busca modificar el artículo 28 de la ley N°20.370, que establece la ley general de educación. Esta actualmente señala una serie de principios y valores que la educación parvularia deberá fomentar para lograr un desarrollo integral de los niños y niñas, para lo cual debe promover los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan el desarrollo de esos principios y valores en los niños.

La moción, presentada entre otros por el senador Guillier, establece al respecto que “en la inclusión de dicho listado se echa de menos una temática que ha sido de mayor aceptación y preocupación social y que dice relación con el desarrollo de la identidad sexual de género de los niños y niñas”.

El proyecto de ley fue firmado además por los senadores Carlos Bianchi (IND), Isabel Allende (PS), Manuel Antonio Matta (DC) y Andrés Zaldívar (DC), además del candidato presidencial.

EL CAMBIO QUE SE BUSCA EN LA LEY

Los senadores impulsores de la modificación a la ley 20.370 buscan modificar dos letras del artículo 28, que actualmente establece lo siguiente: “Sin que constituya un antecedente obligatorio para la educación básica, la educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan”. A continuación se establecen, de las letras “a” a la “m”, lo que debería permitir la educación parvularia.

La actual letra “b” de la ley dice: “apreciar sus capacidades y características personales”. Esta busca ser reemplazada, según el nuevo proyecto de ley, por “apreciar sus capacidades y características personales, así como también su identidad de género”.

Además se busca reemplazar la actual letra “e” (“trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia a la frustración”), por la siguiente: “desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa, física y de género”.

Puedes leer completa la moción presentada por Alejandro Guillier aquí.

Fuente: http://www.eldemocrata.cl

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La ideología de género y su implicancia en Chile

La discusión sobre “ideología de género” cada vez se hace más presente en nuestro país, introduciéndose con fuerza en diversos proyectos de ley que se discuten actualmente en el Congreso. En entrevista con El Demócrata, el director ejecutivo de la ONG Comunicad y Justicia, Tomás Henríquez, explica qué es esta corriente, a qué responde y sus implicancias tanto en Chile como en el mundo. “Su objetivo es generar una revolución cultural, política, social y jurídica que vuelva al sexo de las personas irrelevante en todos esos campos”, asegura el abogado.

El director ejecutivo de la ONG Comunicad y Justicia, Tomás Henríquez, explica a El Demócrata que la ideología de género es “un término utilizado por sus detractores para denominar un conjunto de ideas más o menos sistemáticas que plantean una antropología pública alternativa y opuesta a nuestro actual entendimiento de la persona humana como ser sexuado“.

En esa línea, Henríquez asegura que “su objetivo es generar una revolución cultural, política, social y jurídica que vuelva al sexo de las personas en irrelevante en todos esos campos, reemplazándolos por el concepto de género, identidad de género y expresión de género, que son distintos al sexo, comenzando porque todos ellos son subjetivos en su fuente, a diferencia de la constitución sexual humana, que es objetiva”. 

—¿Por qué es tan importante este debate?

—Todo ordenamiento jurídico tiene en su centro un concepto o imagen de la persona humana sobre el cual se construyen sus reglas, sus consideraciones de lo justo y de los derechos subjetivos reconocidos para resguardar eso justo. En la actualidad entendemos que el sexo es parte de lo que somos como integral a toda persona. Modulamos nuestro lenguaje en torno a este entendimiento (“hombre” y “mujer”, “padre” y “madre”, atienden a la diferenciación sexual, y denominan para todos lo que aceptamos como una realidad, expresada por medio de estos conceptos), así como también nuestro derecho –que es sexuado, en atención a que la persona es sexuada, y que el derecho debe servir a las personas– y nuestras relaciones sociales.

SUSTENTO TEÓRICO DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO

—¿En qué se sustenta la ideología de género?

—La ideología de género tiene una agenda eminentemente práctica. Pero esa agenda tiene un sustento teórico que viene de los pensadores del feminismo de género, como por ejemplo Shulamith Firestone o Beatriz Preciado (ahora conocida como Paul). Lo que une a estos autores es su fundamentación de una revolución política y social que tenga por efecto eliminar la diferencia sexual, lo que trae encadenado en sus tesis, la eliminación de la familia biológica (aspiración explícita en Firestone), la abolición de la idea de que los niños pertenecen a sus familias y que están bajo el cuidado de sus padres, etc. Sostienen una mirada de construccionismo social estricto, en que la identidad es de construcción desanclada de todo dato objetivo, y solo dependiente de la cultura, lo que no es cierto.

— ¿A qué responde?

—Las ideas y las agendas que forman parte de la ideología de género no son homogéneas en su origen. Uno puede encontrar en ellas tendencias o corrientes que son marxistas en su dialéctica, al mismo tiempo que se defiende desde el liberalismo expresivista. En cuanto a las corrientes filosóficas que nutren la misma, creo que es posible enmarcar la cuestión del transgenerismo dentro de un contexto más amplio, que es el transhumanismo y el gnosticismo.

IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN CONCRETO

—¿Cómo se traduce en la práctica? 

A nivel del control del lenguaje, por medio de la imposición coaccionada de códigos de expresión. La obligación bajo sanción penal de tener que aceptar nuevas terminologías o pronombres para denominar a quienes se identifican como transgénero. Forzar a la población a tener que llamar y reconocer como mujer a quien es constitutivamente varón, pues mujer no es ya el ser humano que por su constitución física es apto para realizar la función sexual femenina, sino todo aquel que reclame la etiqueta para sí, de forma que “mujer” ya no denomina una realidad objetiva, sino que una convicción subjetiva.

“Esto impide la libertad de expresión, y por extensión, de pensamiento. Más aún, es una forma de expresión obligada. El lenguaje es patrimonio de todos y de construcción común. El Estado no debe tener el poder de controlar como hablamos, y por extensión, cómo pensamos. Esta amenaza es realidad ya en Canadá, bajo la última modificación del código criminal y de derechos humanos de dicho país”, agrega el director de Comunidad y Justicia.

SU IMPLEMENTACIÓN EN CHILE

—¿Cómo se ha implementado en Chile la ideología de género?

—El proyecto de ley de identidad de género en nuestro país, ya que este no es un proyecto de reconocimiento del género. Lo que hace es establecer que el sexo —realidad constitutiva de la persona— se vuelve electivo en el derecho, pues toda persona puede escoger cambiarlo según su gustopara que se ajuste a su identidad de género. Luego, el sexo se mantiene solo en nombre, porque ahora es un mecanismo para expresar un género, y no un concepto expresivo de la realidad constitutiva de la persona.

“La iniciativa —continúa Henríquez— empodera a quienes hagan uso de la ley para imponer esta nueva realidad sobre toda institución, sea pública o privada. Esto se extiende a colegios y universidades. Luego, el beneficiario de la ley puede exigir a todo otro tercero que le reconozca el carácter de mujer o de hombre, a pesar de no ser consistente con la realidad, en todo escenario y para todo efecto”.

“Además, está la circular de la Superintendencia de Educación sobre “derechos de los estudiantes trans”, que asume como paradigma que la identificación como transgénero de los menores de edad es una situación de carácter permanente, que la identidad de la persona es sólo aquella que ella subjetivamente afirme (ignorando toda expresión objetiva de la misma), y que la única forma de abordar esta situación es por medio de la confirmación de la pretensión del menor y su familia,en oposición a toda la evidencia existente sobre la baja persistencia de dicha convicción, y las discrepancias sobre el bien superior del niño. Todo establecimiento que desobedezca la posición de la Superintendencia es amenazada de ser sancionada”, destaca el abogado.

—¿A través de qué otras leyes se está introduciendo?

—Hay elementos de ella en la Ley de Garantías de la Niñez e Infancia —el modelo de los niños como adultos en miniatura, la inclusión del supuesto derecho a la identidad de género, y la posibilidad de sancionar a los papás como violadores de derechos de los hijos por el gobierno–; la ley de identidad de género; el proyecto de reforma al matrimonio; el proyecto de modificación de la ley general de educación para incluir la teoría de género como parte de los objetivos de la educación parvularia; por nombrar solo algunos.

IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN EL MUNDO

—¿Qué implicancias ha tenido su implementación en otros países?

—La experiencia con la positivización de los postulados teóricos en la ley es extremadamente reciente,y aún no sabemos con claridad todas sus consecuencias. Si no me equivoco, existen menos de 5 países que tengan legislación que fuerza formas de expresión, como lo acaba de hacer Canadá. No hay más de una docena de países en el mundo que haya legislado sobre los cambios de sexo, y la mayoría lo hace en términos muy restrictivos, no como lo pretende nuestro actual proyecto de ley. Por lo mismo, parte del razonamiento es prospectivo, precisamente porque estamos al inicio de un proceso, debiendo decidir hacia dónde movernos.

—Pero, ¿Qué es lo que se ha viso hasta ahora?

—De manera anecdótica, pues aún no tenemos estudios estructurados sobre el tema, no deja de llamar la atención que exista un auge de auto-diagnóstico de transgenerismo focalizado en países, e incluso en regiones dentro de países, con replicación social de la misma. Dicho en simple, niños y adolescentes que se identifican como transgénero por replicación de lo que ven en la cultura y en sus grupos sociales.

“Sé que esta afirmación es polémica, pero no es mía, sino que de Stephen Stathis, psiquiatra que dirige la clínica de género para niños en Brisbane, que dice que la mayoría de los pacientes que llegan a verlo no son transgénero, y que para muchos adolescentes, el apropiarse de la identidad transgénero es una conducta consciente para sobresalir en su grupo. Y el problema es que, si no estamos consciente de que esto es posible, el potencial error en diagnóstico y posibles tratamientos posteriores es un peligro real e inminente para los derechos de los niños”, remata el abogado experto en la materia.

Fuente: https://www.eldemocrata.cl/noticias/tomas-henriquez-de-comunidad-y-justicia-explica-la-ideologia-de-genero-y-sus-implicancias-en-chile/?utm_content=buffer7e791&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

El posmodernismo (progresismo) busca la legalización de la pedofilia

El progresismo ya pedía la legalisación de la pedofilía , hace 40 años!

En Chile el mundo progre plantea, que su ideología de género no tiene nada que ver con la pedofilia. Que su interés no es el de manipular a los menores en materia sexual. La historia de los movimientos “progresistas” en Alemania, Francia y Holanda, demuestra que si existen nexos y que el distanciamiento de la pedofilia, por parte de los movimientos progre, se debió y debe a razones de carácter exclusivamente electoral, porque descubrieron, que la gente común y corriente no los acompañaba con las posturas más extremas de sexualización social. En Chile sin embargo, el representante del Movilh (Rolando Jimenez) se sacó la careta antes de tiempo, demandando la despenalización de relaciones sexuales entre adultos y menores de edad, y la eliminación de los artículos 365 y 373 del código penal (http://www.movilh.cl/chiled…/365_y_373_del_Codigo_Penal.html)

Artículo 365 del código penal:
El que accediere carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

ART. 373 del código penal.
Los que de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia, no comprendidos expresamente en otros artículos de este Código, sufrirán la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Fuente: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984

De acuerdo a lo que informa la Fiscalía de Chile:

La violación consiste en acceder carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a un niño, niña o adolescente.
El abuso sexual, por su parte, es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal contra un niño, niña o adolescente, como por ejemplo: tocaciones o besos en área de connotación sexual; simulación de acto sexual; realizar acciones de significación sexual ante niño, niña o adolescente; hacerle ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter; determinar a un niño, niña o adolescente a realizar acciones de significación sexual.

¿Rolando Jimenez desea despenalizar la pedofilia o la violación de menores de edad?

He aquí un articulo muy importante para conocer someramente la historia de la pedosexualidad política en Alemania y Europa occidental.  El caldo de cultivo de la pedofilia:

“Hace veinticinco años, el partido de Los Verdes de Renania Westfalia pidió la supresión de los artículos 174 a 176 del Código Penal alemán, relativos a los abusos sexuales en situación de dependencia y a la pedofilia. Para justificar esa petición se decía:

“La sexualidad practicada de común acuerdo es una forma de comunicación entre seres humanos de cualquier edad, sexo, religión o raza, y debe estar a salvo de toda limitación”. El sexo con niños “resulta para ambas partes agradable, productivo, estimula el desarrollo; en resumen: es algo positivo”. “Las relaciones sexuales entabladas de mutuo acuerdo no se deben criminalizar… No es aceptable que se amenace con penas de hasta diez años de prisión a adultos que se toman en serio los deseos sexuales de niños y adolescentes y mantienen con ellos relaciones amorosas”.

Ese texto se modificó posteriormente, pero de entrada se aprobó con 76 votos a favor y 53 en contra y pasó a formar parte del programa del partido.El caso de los verdes alemanes no constituye un hecho aislado. En el contexto de la revolución sexual de los sesenta y de la convergencia de planteamientos inspirados en Marx y en Freud, socavar los viejos tabúes de la moral sexual tradicional parecía un objetivo inseparable de la lucha contra el orden social capitalista-burgués. El fenómeno rebasa el ámbito de la política y se hace perceptible en la pedagogía y en la cultura en general. La erosión de los viejos valores se convierte en un elemento central del programa educativo antiautoritario y emancipador. http://viva-chile.cl/2010/04/el-caldo-de-cultivo-de-la-pedofilia/

El hecho es que la exaltación de la sexualidad en todas sus modalidades implica admitir la pedofilia, en la teoría y en la práctica. Muchos experimentos de “estilos alternativos de vida”, que proliferan durante los años setenta y ochenta en occidente, con esas comunas en las que, en principio, todo se compartía, también incluían la iniciación sexual de los pequeños.

Conocemos el estrepitoso fracaso de esas fórmulas sociales pretendidamente revolucionarias, pero parece que nos cuesta extraer todas las lecciones que nos brinda su experiencia. Si se ponen determinadas causas, resulta inevitable que se sigan los efectos correspondientes. Ante los escandalosos sucesos de pedofilia que ocupan la atención pública de diversos países es de rigor la aplicación de la tolerancia cero y, en consecuencia, el castigo penal de los responsables. Parece igualmente oportuno revisar y endurecer códigos y reglamentos allí donde la legislación era demasiado laxa o dejaba inquietantes zonas de sombra.

Y además de atender a las víctimas y castigar a los culpables, es urgente adelantarse y trabajar en la prevención. Si no se incide en los factores culturales y educativos que, en buena medida, están en el origen de esos lamentables incidentes, gastaremos nuestra energía en perseguir efectos sin atacar las causas que los producen. La promiscuidad sexual como programa y como forma de vida tiene consecuencias.

Algunas manifestaciones de la ideología de género, herederas de la revolución de los sesenta, pretenden haber dejado atrás los conceptos de naturaleza y de normalidad. Incluso la idea de identidad de género, construcción socio-cultural con que se intenta desplazar al sexo biológico, llega a estorbar, pues la mera noción de identidad impone limitaciones. Ahora priman conceptos como el de “transición”: no hay una identidad estable, sino un juego libre de transiciones, ayudadas o no por la cirugía y los tratamientos hormonales. El papel lo soporta todo, pero la realidad es notoriamente tozuda (ahí siguen sin inmutarse los virus y bacterias responsables de la extensión casi epidémica de las infecciones de transmisión sexual, que van a lo suyo al margen de lo políticamente correcto).

Se entiende, por ejemplo, que el gobierno inglés se muestre consternado por los numerosos casos de abusos físicos y sexuales producidos en los famosos internados británicos. Pero se entiende menos que, simultáneamente, ese mismo gobierno y el parlamento saquen adelante una ley de familia, infancia y educación que, pasando por encima de la voluntad de los padres, establece la educación sexual a partir de los cinco años de edad, con un enfoque que apunta de modo inevitable a la sexualización de la infancia. Otro ejemplo: el gobierno suizo va a distribuir millón y medio de preservativos de tamaño reducido, para uso de los chicos de doce años.

La ministra sueca de educación declaraba en los años sesenta: “Hay que enseñar a la gente a servirse de su sexo como a manejar los cubiertos. Cuando se sabe estar a la mesa, no se piensa más en ello. Con el sexo debe pasar lo mismo, no plantearse más el problema. Por otra parte, nada está mal, nada es anormal”. Quien siembra vientos, desde luego, recoge tempestades.”

Referencias:

http://www.movilh.cl/documentacion/2016/Acuerdo-MOVILH-Estado.pdf

http://www.movilh.cl/chilediverso/365_y_373_del_Codigo_Penal.html

http://www.fiscaliadechile.cl/diptico/diptico_fiscalia_final.pdf

http://www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/detalle-opinion2?articleId=259262&articleId=259262&tituloNoticia=null?fechaNoticia=null

http://viva-chile.cl/2010/04/el-caldo-de-cultivo-de-la-pedofilia/

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984

GOBIERNO DE CHILE IMPONE: DUCHAS Y BAÑOS TRANS EN COLEGIOS

EXCLUSIVO | Baños y duchas “inclusivas”, utilizar un lenguaje que elimine el “estereotipo de género”, permitir que un niño trans elija qué uniforme usar (si de hombre o de mujer), la obligación de llamarlo con el nombre “social” que ha elegido independiente de cómo se llame legalmente. Estas son algunas de las medidas que la Superintendencia de Educación ha ordenado a todas las instituciones educacionales del país, para resguardar los derechos de los niños transgénero y respetar la identidad de género, acorde a la ideología impulsada por la comunidad LGBTI. De no cumplir lo establecido por la Superintendencia, lo establecimientos serán sancionados.

Esta es la circular enviada por el gobierno de la Nueva Mayoría

La Superintendencia de Educación envió una circular dirigida a todos los sostenedores y directores de establecimientos educacionales del país y firmada por el superintendente Alexis Ramírez —a la cual El Demócrata tuvo acceso— para establecer “disposiciones que regulan los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación”.

DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO

El documento de nueve páginas define “género” como “los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas”.

Para la Superintendencia, la identidad de género es una “vivencia interna e individual del género tal como cada persona se siente profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al nacer“. Asimismo, la “expresión de género” corresponde a “cómo una persona manifiesta su identidad de género”.

En tanto, trans quiere decir “personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociados con el sexo asignado al nacer“.

La circular dice que los establecimientos educativos deberán conocer e implementar las disposiciones establecidas, ya que su incumplimiento constituye una infracción, que será sancionada en el procedimiento administrativo conforme a la gravedad de la misma.

DERECHOS TRANS: EXPRESAR LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL

Entre los derechos de los estudiantes trans que el gobierno establece, se encuentran:

  • El derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.
  • Derecho a no ser discriminados arbitrariamente por el Estado, ni por las comunidades educativas, en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.
  • Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con trato digno e igualitario en todos los ámbitos, en especiales en los de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.
  • Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.

OBLIGACIONES DE LOS SOSTENEDORES Y DIRECTIVOS

En tanto, la circular asegura que “los sostenedores, directivos, docentes, educadores, asistentes de la educación y otras personas que componen a la comunidad estimativa, están obligados a respetar todos los derechos que resguardan a niños, niñas y estudiantes”.

En esa línea, la Superintendencia de Educación expresa que “la vulneración de estos derechos constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la materia, en cuanto  legal, tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por Chile que establecen el resguardo de la no discriminación”.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO

El documento sostiene que los padres, tutores legales o apoderados de aquellos niños trans, así como el estudiante en caso de contar con la mayoría de edad, “podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes de la etapa por la cual transita su hijo/a, pupilo/a o estudiante”.

Para esto, los padres “deberán solicitar una entrevista o reunión con la máxima autoridad educativa del establecimiento (…) quien tendrá que dar las facilidades para concretar dicho encuentro en un plazo no superior a cinco días hábiles, que deberá ser registrado por medio de un acta simple, que incluya los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento”.

“Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo de la niña, niño o estudiantes, y su padre, madre, tutor legar o apoderado, velando siempre por el resguardo de su integridad física, psicológica y moral”, dice la circular.

MEDIDAS CONCRETAS QUE DEBERÁN ADOPTAR LOS COLEGIOS

Entre las medidas concretas que los establecimientos deberán implementar, se encuentran:

  • La utilización de lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género (mundialmente han usado términos como “niñxs”, “niñ@s” o la letra “E”).
  • Promover espacios de reflexión, orientación, capacitación acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de garantizar la promoción y reguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans.
  • En caso de que el niño trans tenga un nombre social —independiente de su nombre legal— todas las personas que componen la comunidad educativa deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio educativo. Por ejemplo, si un niño legalmente se llama Carlos, pero su nombre social ahora es Sofía, todos deberán llamarlo Sofía.
  • Presentación personal: El niño, niña o estudiante trans tendrá el derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género. Para esto se espera que los manuales de convivencia escolar se ajusten a derecho, de acuerdo a la normativa vigente.
  • Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar facilidades a los niños trans para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas previamente acordadas.

Finalmente, el documento expresa que “los establecimientos educativos deberán conocer e implementar las disposiciones establecidas en los cuerpos legales citados en esta circular en los términos señalados, ya que su incumplimiento constituye una infracción, que será sancionada en el procedimiento administrativo conforme a la gravedad de la misma”.

Fuente: http://www.eldemocrata.cl/noticias/duchas-y-banos-trans-en-colegios-de-chile-gobierno-envia-circular-obligando-a-adoptar-estas-medidas/

Referencia: El Transgenerismo de los niños es un abuso infantil

El último invento del lobby gay para lograr la adopción en Chile: la copaternidad

El lobby gay en Chile intenta aprobar bajo cuerda la adopción homosexual con la promoción de una proyecto de Ley que permitiría crear una nueva figura legal: la comaternidad y la copaternidad.

El último invento del lobby gay para lograr la adopción en Chile: la copaternidad

El último invento del lobby gay para lograr la adopción en Chile: la copaternidad

La iniciativa ha sido promovida por senadores del Partido Socialista y del Partido Por la Democracia de Chile junto con la escritora Isabel Allende y miembros de organizaciones pro LGBTI.

Sin duda alguna, la iniciativa, que fue presentada a la Cámara Alta, es una forma indirecta de presión para conseguir el matrimonio y la adopción homosexual en Chile.

De aprobarse, los homosexuales tendrían los mismos deberes y derechos legales que sus respectivas parejas con respecto a sus descendientes biológicos.

La figura sólo estaría vigente para quienes hayan contraído la unión civil, permitida para homosexuales desde el 2015 y que regula aspectos patrimoniales, provisionales, laborales y de salud de dichas parejas, pero no menciona derechos de adopción.

Mientras que para quienes promueven la iniciativa la normativa sólo suple vacíos legales y otorga derechos a una población “discriminada”, opositores como los senadores Andrés Zaldívar y Manuel Antonio Matta consideran que es un “invento de cosas que no existen” y que la propuesta “representa la opinión de un grupo de parlamentarios y no de la Nueva Mayoría”.

La norma hasta ahora inicia su proceso legal, que podría tardar más de un año, mientras se discute también la despenalización del aborto en tres causales.

Resultados preliminares de la votación de aborto en 3 causales en el senado:

Fuente: http://www.actuall.com/familia/el-ultimo-invento-del-lobby-gay-para-lograr-la-adopcion-en-chile-la-copaternidad/

Acosta: “El ejemplo de Chile desmonta a la ONU, por eso Bachelet quiere promover el aborto”

La presidenta chilena quiere imponer el aborto pero los provida han demostrado que Chile no necesita una ley del aborto.

Desde hace un año se debate en Chile, la iniciativa de Bachelet de despenalizar el aborto en tres supuestos: violación, malformaciones incompatibles con la vida y riesgo de vida para la madre. Además, la normativa permitiría abortar a las niñas y limitaría el derecho a la objeción de conciencia.

Para entender el alcance de esta legislación, promovida por la presidente Michelle Bachelet, y si responde o no a las necesidades de las mujeres de ese país Actuall con Jorge Acosta, director ejecutivo del Instituto Res Pública y asesor de Siempre por la vida.

¿Cuántos abortos ilegales se realizan en Chile?

El Gobierno asegura que entre 100.000 y 200.000 al año, pero la Revista Médica de Obstetricia y Ginecología de Chile hizo un estudio epidemiológico serio y concluyó que la cifra está entre 13.000 y 18.000 abortos al año. En Chile nacen 250.000 niños al año, por lo que es absurdo decir que hay un aborto por cada niño nacido.

¿Por qué si Chile tiene tasas de mortalidad materna tan bajas y buenos servicios de salud materna se promueve un proyecto abortista en el país?

Chile es un experimento natural, como llaman los científicos. Cuando tienes una agenda de la ONU o de organismos internacionales que te dicen que hay que promover el aborto como forma de mejorar la salud materna y ves que existe un ejemplo como el chileno, la tesis de los abortistas se cae.

En Chile el aborto está prohibido hace 30 años y pese a eso tiene la menor tasa de muertes maternas por embarazo de Suramérica. Está al mismo nivel de la de Estados Unidos, donde el aborto fue aprobado hace 40 años. Por lo tanto, el aborto no es la respuesta a la salud de las madres.

“El proyecto no lo promueve el Ministerio de Salud, como una política sanitaria, sino el Servicio Nacional de la Mujer, como política de género”

Pero entonces si la tradicional tesis feminista no es válida, ¿por qué despenalizarlo en el país?

El proyecto se está promoviendo porque la presidente Bachelet lo tiene como un proyecto personal. Ella fue directora de ONU Mujeres y dijo en más de un foro que le parecía vergonzoso que en su país hubiese una ley tan retrasada, según ella, con respecto al aborto. Lo más progresista, moderno, desarrollado, según ella, es tener una ley de aborto. Tan así es, que el proyecto no lo promueve el Ministerio de Salud, como una política sanitaria, sino el Servicio Nacional de la Mujer, como política de género.

¿Responde realmente el proyecto a las necesidades de la mujer chilena?

Hace muy poco se publicó en Chile un estudio que entrevistó a mujeres durante los últimos 15 años que han llegado a lugares de acogida y se les preguntó por qué pensarían en abortar. Más del 92% señaló que lo haría por coerción, miedo, violencia o pérdida de expectativas de vida. Lo hacen por razones muy distintas a las causales que se van a despenalizar. Esto nos debería servir para resolver el aborto no con una ley que lo promueva sino que lo prevenga y de programas de acompañamiento a mujeres que tienen embarazos difíciles.

¿Y este tipo de programas no han sido desarrollados en Chile?

El Gobierno dijo que iba a promover un programa de acompañamiento, pero sólo han sido declaraciones de intenciones para tratar de conseguir votos. Había un teléfono de ayuda a la mujer con embarazos vulnerables y le quitaron los fondos. Había un centro de ayuda para mamás adolescentes y también les quitaron los fondos. El único proyecto para la mujer que se ha trabajado es el de aborto.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante su toma de posesión. /Wikimedia

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante su toma de posesión. /Wikimedia

¿Qué opina el ciudadano de a pie sobre la despenalización del aborto?

Si le preguntas a un chileno que esté caminando por la alameda si está a favor del aborto libre o a demanda, el 70% dirá que está en contra. Pero el mismo 70% está a favor del aborto en unos casos extremos, porque lo ven como la mejor solución. Si se analizan los argumentos por los que creen que eso sucede, te das cuenta que está todo sustentado en mitos.

¿Cuáles son esos mitos?

El primero es que obligar a una mujer a continuar con un embarazo es someterla a un duro sufrimiento psicológico. Pero diferentes organizaciones psiquiátricas en Chile han comentado que no hay ninguna metodología que demuestre que el aborto es un tratamiento para la salud mental de la mujer. Por el contrario, las mamás que abortan tienen mayor riesgo de depresión, estrés postraumático e intentos suicidas que las que siguen con el embarazo.

“Por cómo está hecho el proyecto de Ley, todas las causales dan espacio para un aborto libre”

¿Y en el caso de riesgo de vida de la madre o violación?

Se ha hecho creer que en Chile está prohibido salvar la vida de la madre cuando está en peligro. La realidad es que todos los ginecólogos salvan la vida de las madres porque saben que es su deber legal, ético y profesional. Si no salva la vida de la madre, se va a la cárcel. Y esto no está penado, de lo contrario no tendríamos las bajas tasas de muerte materna que tenemos.

En el proyecto, sólo el supuesto de violación tiene fecha límite para practicar el aborto. ¿Será esto un proyecto de aborto libre ‘camuflado’?

Por cómo está hecho el proyecto de Ley, todas las causales dan espacio para un aborto libre. No se necesita un especialista para certificar malformaciones ni autopsia posterior. No hay que certificar la violación, solo basta recurrir a esa causal. No se especifica qué es peligro para la vida de la madre, por lo que todos los médicos que no tengan problema con hacer la práctica abortiva pueden aplicar esa causal libremente.

¿Es entonces un proyecto para restringir el aborto libre?

No es restrictivo, es permisivo. Es un proyecto de legalización del aborto porque obliga al médico a realizar el aborto con la petición de la mujer. Si hay objeción de conciencia, esa obligación recae sobre la institución de salud. Frente a la mera petición de la mujer, el aborto debe realizarse igual.

El Gobierno asegura que esta Ley no es impositiva y que no afectará a nadie. ¿Qué opina al respecto?

Al comparar los nacimientos de niños con síndrome de down entre Chile y Estados Unidos o Europa se ve que en nuestro país nacen 3 o 4 veces más niños con esta condición. Es verdad que en Chile no se legalizaría el aborto de estos niños, pero en todos los países donde hay aborto libre se parte de una ley de causales como esta y luego se empiezan a ver estos casos. Aprobar el aborto relativiza el valor de la vida y permite que el que tenga ‘taras’ pueda eliminarse, aunque hoy eso se vea como inhumano.

¿Cree que este proyecto puede aprobarse este año?

Este semestre es improbable porque aún no ha pasado por la Cámara Baja de los Diputados y todavía tiene que pasar por las comisiones de la Cámara Alta del Senado. Y eso si no hay modificaciones. Además, no es prioridad para un Gobierno que tiene una aprobación entre el 24% y 28%, una economía que puede entrar en recesión y una presidente acusada de corrupción por las acciones de su hijo.

Fuente: http://www.actuall.com/entrevista/vida/jorge-acosta-en-chile-debemos-resolver-el-aborto-pero-con-una-ley-que-lo-prevenga/

El lucro de la salud reproductiva en Chile

Hay una serie de políticas en materia de regulación de la fecundidad que se han implementado en nuestro país, existiendo varios estudios que cuestionan su eficacia, porque concurren intereses económicos e ideológicos atrás, siendo difícil separar ambos aspectos.

Desde 1960 órganos como ICMER y APROFA han implementado en nuestro país una serie de políticas en materia de regulación de la fecundidad, generando todo un mercado de intereses económicos e ideológicos. Si bien en algún momento estas instituciones ejercieron presión, lo cierto es que hoy en día los propios reglamentos del Minsal están lejos de condenar el aborto como una práctica delictual y más lejos aún de generar políticas públicas equitativas y efectivas en este tema.

[12 de mayo, 2013]

Polémica generó la controvertida disposición de la ley 20.418, que “Fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad”. En el artículo 2° de esta ley se estipula que la llamada Píldora del Día Después (PDD), o Píldora de Emergencia –y todos los demás métodos de anticoncepción–, puede ser adquirida por cualquier niño o adolescente menor de 14 años, en cualquier farmacia –y gratis en el sistema público–, sin consentimiento de los padres. La única condición es que se le avise, a posteriori, a la persona mayor de 18 años a quien este niño señale como responsable.

No hay que ser experto en la materia para comprender que, en muchísimos casos, ese adulto a quien el niño o adolescente señale será algún amigo, primo, u otro mayor de 18 que no tendrá ninguna responsabilidad ni incidencia real sobre lo que está ocurriendo. De esta manera, los menores tienen la posibilidad de acceder a esta pastilla, cuyos efectos abortivos aún no se han podido descartar –precisamente, el último estudio realizado al respecto en España indica que sí es abortiva–, sin que sus padres tengan la menor idea. Por eso existen quienes afirman que en estas circunstancias se atenta contra una condición mínima para lograr una paternidad responsable, y un real involucramiento de los padres en la educación de sus hijos. Es decir, se pasaría a llevar el derecho que, por ley, tienen padres y tutores sobre la crianza y educación de los niños, niñas y adolescentes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPor otro lado, la entrega de la PDD pasa por alto un hecho fundamental, según informa la ONG Comunidad y Justicia. El Código Penal señala que cualquiera que sostenga relaciones sexuales con un menor de 14 años comete delito de violación –salvo que exista una diferencia de edad de dos años o menos entre ellos–. Esto obliga a los funcionarios de salud a denunciar cuando se evidencia ante ellos esta situación. Más aún tratándose de menores de edad, y dados los numerosos tratados sobre derechos del niño que Chile ha firmado.

Según el abogado y Director de Comunidad y Justicia, Tomás Henríquez, “sólo existen dos alternativas: o se genera el absurdo de que los funcionarios de salud deben informar al Ministerio Público cada vez que un menor de 14 años pida una PDD para que investigue la violación, mientras que queda a su buena voluntad informar a los padres (lo cual, como se mencionó anteriormente, contraría normas constitucionales y de tratados internacional de derechos humanos sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos), o bien este reglamento es, como nosotros creemos, contrario a la ley 20.418 y al mismo tiempo posiblemente inconstitucional”.

En este contexto, cabe recordar que, luego de un año de discusión en Tribunales, durante el gobierno de Michelle Bachelet, un grupo de parlamentarios presentó un requerimiento frente al Tribunal Constitucional (TC), para que declararan inconstitucional el decreto que establecía la distribución de la PDD. Esta instancia estableció que efectivamente el decreto era inconstitucional, prohibiendo la venta del medicamento, por no haber pruebas científicas concluyentes de que no fuese abortiva. Se utilizó la presunción pro-dignidad de la persona humana, y se decretó no distribuirla. Considerando que el TC es el organismo que interpreta la Constitución, ¿qué pasó entonces, que no se respetó la disposición del TC? Es lo que se preguntan quienes se oponen a este anticonceptivo de emergencia, que aún no encuentran respuesta.

Algo similar ocurrió con los argumentos que esgrimieron tres de las principales cadenas farmacéuticas que, apelando a la objeción de conciencia, se negaron a vender la píldora. Si bien en un principio se aceptaron estos argumentos, luego se revocó la decisión, y las farmacias que no tenían en stock Píldoras del Día Después fueron sancionadas a pagar una multa de mil UTM ($33 millones de pesos).

Sin embargo, existen estadísticas que muestran que, de las 35 mil dosis adquiridas por el ministerio de Salud (Minsal) en 2001 al laboratorio Grünenthal –actualmente retirado del mercado de las PDD en Chile–, no se entregaron las esperadas. Según el cálculo de entrega por año –no más de mil–, el stock se acabaría el 2016. Claro que, para ese entonces, tendrán 7 años de vencimiento. Hasta el cierre de este reportaje no se pudo obtener respuesta oficial del ministerio de Salud respecto de qué pasó finalmente con esas dosis, pero todo indica que hubo que descartarlas.

Según una investigación que realizó el diario El Mercurio el año 2006, el monto que se pagó por estos medicamentos variaba, según las distintas versiones, entre $65, $130 y $400 millones. Aún si nos quedamos con la cifra más baja, se trata de una cantidad enorme de dinero. Para hacer una comparación, significa el equivalente a 336 veces el sueldo mínimo. Es decir, 28 años de trabajo para alguien que gana ese monto. Quizás esto explica la falta de respuesta de parte del Ministerio de Salud.

Grünenthal se fue del mercado de Chile porque, a diferencia de lo que ocurría en los otros países donde vendía la píldora de emergencia, los envases de sus píldoras no tenían rótulo indicando que el medicamento podía resultar abortivo. Frente a esta situación, grupos que buscaban impedir que se comercializara el fármaco amenazaron con demandar a la empresa por publicidad engañosa. Frente a esta posibilidad, el laboratorio decidió retirarse.
En este mar de irregularidades y situaciones poco transparentes, la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo se cuelan este tipo de leyes y políticas en un país como Chile, que no permite ningún tipo de aborto?

Hay una serie de políticas en materia de regulación de la fecundidad que se han implementado en nuestro país, existiendo varios estudios que cuestionan su eficacia, porque concurren intereses económicos e ideológicos atrás, siendo difícil separar ambos aspectos.

La ideología Kissinger aterriza en Chile

El año 1964, el Servicio Nacional de Salud de Chile creó el programa de Control de Regulación de la Fecundidad. Esta iniciativa puso a disposición de la población los métodos anticonceptivos artificiales que hoy conocemos.

En 1965, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se creó en nuestro país la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA). Según se explica en su página el “paradigma original fue la Planificación Familiar, concepto acorde a la realidad de la época, cuando vivir y planificar la sexualidad y la reproducción se ligaba a una familia legal o religiosamente constituida”, en una época en que el aborto terapéutico en Chile estaba permitido por ley, en caso de que tres profesionales se pusieran de acuerdo sobre el hecho de que la vida de la madre o el hijo estaban en peligro. Esta ley de aborto terapéutico estuvo en vigencia desde 1931 hasta 1989.

APROFA2En un principio, al menos por parte de las autoridades nacionales de ese entonces, estas medidas tuvieron como objetivo frenar, mediante la entrega de píldoras anticonceptivas, que se cometieran abortos. “El que lideró los estudios en Chile [sobre anticoncepción] fue el doctor Benjamín Viel Vicuña [quien colaboró con APROFA en sus inicios, como se puede ver en la página de la asociación]. Al leer sus estudios, resulta manifiesto que la anticoncepción en Chile se comenzó a hacer con un objetivo y fin muy claro, que era prevenir el aborto, y disminuir las hospitalizaciones por aborto en Chile”, explica el doctor Elard Koch, investigador en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile y actual director del Instituto MELISA. Por este mismo motivo, según señala el especialista, los métodos artificiales de control de la natalidad comenzaron a instalarse en Chile sin mayor oposición.

Sin embargo, como se constata en varias investigaciones, y según lo que los mismos protagonistas afirman, la creación de organismos como APROFA –dependiente de la International Planned Parenthood Federation– fue parte de una estrategia para reducir las tasas de natalidad alrededor del mundo.

Es un hecho conocido que en Estados Unidos, durante el gobierno de Gerald Ford –padre de uno de los fundadores de la Fundación Ford, promotora del aborto y el control de la población se tomaron medidas concretas que buscaron disminuir la tasa de natalidad en países tercermundistas, para defender los intereses políticos y económicos de esta nación. Esto se puede leer en el documento –en un principio altamente secreto, pero desclasificado en la década del 90–, “Consecuencias del Crecimiento Mundial de la Población para la Seguridad de los Estados Unidos y sus Intereses de Ultramar”, más conocido como “Informe Kissinger”, que se encuentra completo en internet. Según se explica en el informe, un aumento no controlado de la población en países tercermundistas aumentaba el riesgo de desórdenes e inestabilidad política donde había –hasta el día de hoy– intereses para Estados Unidos.

Los efectos de estas políticas, elaboradas en 1974 por Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano en ese entonces, son estudiadas profundamente hasta el día de hoy, especialmente por agrupaciones que critican la injusticia de las prácticas abortivas, que ven cómo sus consecuencias siguen afectando, más de cuarenta años después, las políticas internas de los diferentes estados.

En el documento se indica que “la estrategia de los EEUU debe apoyar actividades generales capaces de alcanzar éxitos importantes en problemas claves que pueden impedir el alcanzar los objetivos de control de fertilidad. Por ejemplo, el desarrollo de métodos anticonceptivos más sencillos y efectivos”. Se puede leer además, textualmente en el documento: “1. Prácticas mundiales del aborto. Ciertos hechos sobre el aborto necesitan ser considerados: Ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto”.

Las consecuencias de estas decisiones no han sido inocuas. Tras cumplirse 49 años desde la entrada en vigencia del Programa de Control de la Regulación de la Fecundidad en nuestro país, los números hablan por sí solos: en el año 1960 el número de hijos por mujer era de 5,39, mientras que el año 2012, según los datos entregados por el INE había descendido a 1,45, causando preocupación en las autoridades por el bajo crecimiento que está experimentando Chile en su población. Según lo que Jorge Pino, Premio Nacional de Historia (2012) y especialista en demografía, explicó al diario La Tercera, el descenso de la tasa de natalidad es una repercusión de las políticas de planificación familiar de 1960. “Esto era previsible, nuestro país está en lo que se llama ‘transición demográfica’, que implica una caída en las tasas de mortalidad, de crecimiento y un aumento de las expectativas de vida”, señaló.

El dudoso negocio de ciertas ONG

Dado el lugar y posición de privilegio que han tenido las instituciones promotoras del aborto en los organismos de salud en nuestro país, durante muchos años nadie preguntó ni investigó lo que se realizaba en dichos organismos gubernamentales, mientras APROFA y otras instituciones se apoderaban o dirigían internamente nuestros organismos de salud.

El poder que han tenido algunas instituciones extragubernamentales como APROFA o ICMER (Instituto Chileno de Medicina Reproductiva), en la elaboración y dirección de las políticas públicas sobre fertilidad y reproducción en Chile, específicamente desde el Minsal, es innegable. A modo de ejemplo, basta con mencionar que los editores de las Normas Nacionales sobre la Regulación de la Fertilidad del Minsal –documento elaborado durante el gobierno de Michelle Bachelet, que sigue disponible en el sitio del ministerio– fueron los doctores René Castro, del Minsal, Soledad Díaz, de ICMER, Guillermo Galán, de APROFA, Carmen López, de Minsal y María Isabel Matamala, de Minsal.

APROFA – filial de la IPPF (International Planned Parenthood Federation), una de las principales promotoras del aborto en el mundo– declara abiertamente, dentro de sus principios, que busca la legalización del aborto en Chile. Según se explica en su Planificación Estratégica 2011-2015, uno de sus objetivos es “participar activamente, en coordinación con otras Instituciones, en todas las instancias de Advocacy [apoyo] que lleven a la reincorporación del aborto terapéutico en la legislación chilena”. Esto, dentro del contexto de las “5 ‘A’” que conducen su planificación estratégica: Acceso, Adolescentes, Aborto, VIH/SIDA y Advocacy. Así mismo, en su página aclaran que “APROFA está a favor de la Interrupción Legal del Embarazo en Chile y desarrolla acciones para la aprobación de leyes que lo permitan, en caso de riesgo para la salud o vida de la mujer, cuando el feto es inviable o cuando el embarazo es producto de una violación o incesto”.

IPPF, por su parte, explica en su página que “la misión de APROFA es trabajar hacia la despenalización total del aborto. APROFA es miembro activo de un grupo de estrategia que trabaja para restablecer el aborto terapéutico y ha publicado el libro ‘Aborto en Chile: Argumentos Y Testimonios para su Despenalización en Situaciones Calificadas’”.

APROFA, además, “ha desarrollado el mercadeo social de Métodos Anticonceptivos, ofertando la más amplia variedad de ellos, incluida la Anticoncepción de Emergencia”, como se explica abiertamente en su página, y cuenta con dos salas de venta, uno en La Florida y otro en Providencia. Junto con esto, APROFA tiene el registro en el ISP del producto “Norlevo” -cuyo componente activo es Levonorgestrel en 1,5mg-, fabricado por Delpharma, y cuya licencia es de HRA Pharma. La Presidenta de HRA Pharma fue premiada con el mismo galardón que el Dr. Horacio Croxatto.

Este último es médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, especialista en métodos anticonceptivos y uno de los creadores del implante subcutáneo. En la actualidad dirige el Centro de Investigación de Medicina Integrativa y Ciencia Innovadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello y es un férreo defensor de la píldora del día después. El Dr. Croxatto, en una entrevista realizada en el programa de televisión Tolerancia Cero, se declaró a favor de la interrupción del embarazo hasta la octava semana.

APROFA recibe financiamiento directo de IPPF. Sólo entre 2008 y 2011 (según los propios estados financieros de la IPPF) APROFA ha recibido casi 1 millón de dólares de financiamiento. En 2011 recibió $110,388 dólares. En 2010 recibió $292,340. En 2009 $263,692. En 2008 $157,803

Con estos antecedentes, el año 2011, –es decir, bajo el gobierno de Sebastián Piñera– “APROFA fue seleccionado por el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de la Mujer para ser una de las alternativas para ofrecer educación sexual en Chile”, según se estipula en su Planificación.

Otra de las instituciones que ha participado en la creación de documentos promovidos por el Minsal es ICMER (Instituto Chileno de Medicina Reproductiva), una fundación sin fines de lucro que fue fundada por la Dra. Soledad Díaz –actual Presidenta del directorio de ICMER– , Dr. Fernando Zegers – miembro del consejo directivo de ICMER y co-fundador de la Unidad de Medicina Reproductiva en Clínica las Condes– y el Dr. Horacio Croxatto, anteriormente mencionado.

ICMEREn una carta publicada en el sitio web de ICMER, Croxatto relata que los recursos que le permitieron impulsar el instituto fueron donados por organizaciones filantrópicas extranjeras, entre las que destacan: Population Council (promotores del aborto a nivel mundial, fundada por John Rockefeller III), International Development Research Center (IDRC) de Canadá, Bill & Melinda Gates Foundation, quienes realizaron un aporte de US$2.8 millones para implementar un programa de capacitación en salud reproductiva, y con el tiempo se han ido sumando algunas farmacéuticas y otras fundaciones, según se constata en el sitio de Bill & Melinda.

ICMER también obtiene beneficios económicos, ya que a su vez vende una amplia gama de anticonceptivos y otros métodos de regulación de la fertilidad como el Dispositivo Intrauterino, incluyendo, nuevamente, la controvertida PDD.

La Fundación Ford, por su lado, es el principal donante de las instituciones que promueven en Chile la defensa a los derechos sexuales y reproductivos, además de otras instituciones no ligadas necesariamente a estos temas.

Entre las instituciones beneficiadas con sus subvenciones –en diferentes áreas– han estado: ICMER, la Facultad de ciencias sociales de la U. de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Alberto Hurtado (CIDE), Iglesia Evangélica Luterana, La Morada –asociación feminista– y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La eficacia de las medidas

Si bien en algún momento estas instituciones ejercieron presión dentro de cada gobierno para imponer su agenda, hoy esto ya no es necesario, pues los propios reglamentos del ministerio de Salud, lejos de condenar el aborto como una práctica delictual, dan por hecho ciertas afirmaciones, que contradicen el discurso pro-vida enarbolado por Sebastián Piñera, quien en carta a El Mercurio en marzo de 2012 se declaró “contrario a la legalización del aborto, por múltiples razones y de diversa naturaleza (…). Soy partidario de proteger la vida y dignidad humana desde su concepción hasta la muerte natural”.

Por ejemplo, en las “Orientaciones técnicas para la atención integral de mujeres que presentan un aborto y otras pérdidas reproductivas”, del año 2011, se afirma con total certeza que “no existen bases suficientes para definir un ‘síndrome post aborto’ ” –un tema que no está en absoluto resuelto–, e incluso se afirma que “las reacciones negativas severas son raras; aunque muchas mujeres pueden experimentar remordimiento, tristeza o culpabilidad, la mayoría de las mujeres siente alivio”. El documento del Minsal va más allá: indica que, de acuerdo a estudios realizados, es más frecuente la depresión post parto que la post aborto.

Esto no se condice para nada con estudios realizados en Finlandia que indican que “el aborto incrementa a más del doble el riesgo de suicidio en mujeres en edad reproductiva, mientras el embarazo llevado a término lo reduce”. Pero sin ir tan lejos, “en el contexto latinoamericano la historia de aborto inducido se asocia significativamente a ideación suicida en mujeres brasileñas”.

Contradice toda lógica que un proceso totalmente natural pueda ser más destructivo para la sicología humana que un acto absolutamente violento. Al menos esto se reconoce en otro documento del Minsal: “Aportes a la elaboración de una guía de práctica clínica para la atención de mujeres que ha sufrido un aborto”, donde se afirma que “Cuando un aborto no es espontáneo, sea éste instrumental o farmacológico, es siempre una violencia contra el propio cuerpo”. Pero aún dejando este argumento de lado, lo menos que se puede decir es que este no es un asunto zanjado, como para presentarlo en un documento público, con el sello del Gobierno.

Por otra parte, y considerando que en Chile cada año nacen cerca de 35 mil niños de madres menores de 20 años, las políticas del Minsal sobre salud sexual y reproductiva, buscan combatir el embarazo adolescente, más que a establecer programas integrales sobre sexualidad y afectividad. Así ocurrió, por ejemplo, con el caso del Implanon, –el implante subcutáneo creado por el dr. Croxatto–, que tiene una duración de tres años.

Consultada sobre este método anticonceptivo en particular por diario La Segunda hace un par de años, la entonces Subsecretaria de Salud Pública (S), Sylvia Santander –quien aún se desempeña al interior de la subsecretaría indicó que “uno de los anticonceptivos que se ofrece es éste, pero como es de alto costo, está priorizado para poblaciones de alto riesgo: chiquillas adictas a la droga, que tengan alcoholismo o dificultad de acceso a los servicios (…) especialmente en menores de quince, ojalá. O drogadictas. Que tengan una familia muy disfuncional o problemas mentales”.

322388_3652De esta manera, se instala este mecanismo para lograr que estas adolescentes –especialmente menores de 15 años– no se embaracen. Como afirma Carmen Croxatto, Coordinadora de la Red por la Vida y la Familia, ”considerando que este es un método de liberación lenta durante 3 años, es altamente peligroso en menores, y el Minsal sólo se preocupa de que evita el embarazo. Es un trato discriminatorio y falto de ética hacia las niñas, que con este implante pueden seguir siendo abusadas; como es en confidencialidad, padres y apoderados no se enteran y el ministerio en vez de buscar las causas de las carencias afectivas y educar a la población, opta por lo más fácil”. Ello explica que se hayan presentado demandas judiciales y denuncias por parte de organismos pro-vida. ¿Hasta qué punto están estas adolescentes en condiciones de tomar una decisión al respecto? A los quince años, escasamente lo estarían si no presentaran los problemas mencionados de drogadicción, alcoholismo, o problemas mentales. ¿Tiene el ministerio de Salud la prerrogativa de tomar unilateralmente una decisión de esa naturaleza sobre otra persona? En este caso se impone a estos jóvenes un método anticonceptivo, simplemente por estar en condiciones de extrema vulnerabilidad y desamparo, y por considerar que en el caso de ellos es “peor” que se produzca un embarazo.

Argumentos similares son los que están detrás de la ley sobre la PDD mencionada anteriormente. Sin embargo, como señala el dr. Elard Koch, este efecto que se busca no se ha logrado, según la experiencia de otros países. “Cuando distribuyes la Píldora [del Día Después] a la población, incluso con anticoncepción facilitada, distribuyéndola gratuitamente, para que las mujeres anden con la píldora en la cartera, no muestra reducir las tasas ni de embarazos no planificados, ni de abortos. (…) Esto no se ha logrado en ninguno de los cinco estudios que evaluaron directamente este tema”. Según explica, esto se debe fundamentalmente a que no se está atacando el problema de raíz, que es conductual, esto es, de educación sexual.

En este sentido, Koch es más radical: “según la evidencia científica, actualmente la distribución de la PDD no tiene un beneficio real desde el punto de vista de la salud pública: no reduce los embarazos no planificados, en general no reduce los embarazos adolescentes, y no tiene efectos contra las tasas o las prácticas de aborto”. Parecería, entonces, que los únicos beneficios de la distribución de la PDD los estarían obteniendo quienes comercializan con ella.

Lo mismo concluye Emilio Jesús Alegre del Rey, farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria, quien acaba de presentar en París, con ocasión del Congreso Europeo de Farmacia Hospitalaria –realizado del 13 al 15 de marzo–, unacabado estudio donde concluye que, en un 30 y hasta 50% de las ocasiones, la PDD tiene un efecto abortivo precoz, acabando con la vida del embrión no implantado. “La disponibilidad de la PDD atenta contra la vida de los embriones aún no implantados, supone riesgos para las usuarias, carece de beneficios en términos de reducción de la tasa de embarazo imprevisto y aborto provocado, y ocasiona un gasto superfluo”, señalan las conclusiones del estudio.

Diferente es lo que ocurre con otros métodos de control de la natalidad que se han implementado en algunos países de África, y que incluyen una educación afectiva. Se trata de los métodos ABC: Abstinence, Be faithful and use Condom [abstinencia, fidelidad, y uso del condón], que promueven, en primer lugar, la abstinencia. Si no se está dispuesto a abstenerse, la fidelidad. Si no se está dispuesto a ser fiel, el uso de condón.

Estas son, según señala Koch, las únicas medidas que han resultado ser efectivas en la reducción del embarazo precoz –es decir entre 13 y 17 años–, y en el retraso del inicio de la actividad sexual. Más aún cuando se involucra a los padres. “La educación de la sexualidad y la afectividad que logra reducir realmente las tasas de embarazo adolescente, es aquella que involucra al papá y a la mamá. Cuando tú estás promoviendo la distribución de la PDD sin conocimiento de los padres, lo más probable es que lo único que logres es incrementar su uso”, mientras que no resuelve los problemas mencionados de maternidad adolescente, y prácticas abortivas.

Llama la atención que, dados los resultados que han tenido este tipo de iniciativas, su uso no esté más extendido. De hecho, mientras que durante varios años en Estados Unidos se promovieron políticas en esta línea, actualmente es imposible encontrar documentación al respecto en el sitio del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos.

Resulta indiscutible que en todo tratamiento e iniciativa farmacológica hay una industria farmacéutica detrás, con diferentes estrategias de comercialización y marketing, sea influyendo mediante lobby en los gobiernos, o a las distintas agrupaciones profesionales de los países.

Considerando todos los antecedentes presentados, es inevitable preguntarse e indagar cuáles son los reales intereses que hay detrás de estas prácticas y decisiones. Pareciera, dados los antecedentes disponibles, no ser el beneficio de la población, ni tampoco la educación de los niños y jóvenes del país. Dado que estas políticas tienen un impacto gigantesco en nuestra sociedad, lo menos que se puede exigir es que sean efectivas –y no lo son–; que no discriminen injustamente –y lo hacen–; y finalmente, que cumplan la función de toda política pública, que es dar respuesta a un problema público. Con todo, estamos lejos de contar con una política pública de planificación a la altura de nuestra legislación y más bien pareciera que tenemos un cuerpo normativo que ha favorecido el negocio de unos pocos, a costa de la gran mayoría de los chilenos.

por:
Mariana Galaz V. (@galazmari)
Sebastián Huerta G. (@tianhrt)

Fuente: http://www.chileb.cl/reporteros/el-lucro-de-la-salud-reproductiva-en-chile/