
por Ariela NAVARRO/AFP
El gobierno de Donald Trump anunció que endurecerá su política contra el aborto prohibiendo que la ayuda internacional de Estados Unidos llegue a ONGs que den respaldo financiero a otras organizaciones favorables a la interrupción del embarazo, una medida que apunta a la OEA.
«Vamos a aclarar que nos negaremos a dar ayuda a ONGs extranjeras que le entreguen ayuda financiera a otras organizaciones extranjeras en la industria global del aborto«, afirmó este martes el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una rueda de prensa.
El 23 de enero de 2017, apenas tres días después de asumir la presidencia, Trump anunció que iba a reactivar una antigua política de la era de Ronald Reagan para limitar la financiación de ONGs extranjeras que favorecen al aborto.
«Hoy vamos a anunciar nuevas reformas para avanzar en nuestros esfuerzos para proteger a todos y vamos a continuar negándonos a dar asistencia a las organizaciones extranjeras que realicen o promuevan el aborto como un método de planificación familiar», dijo el jefe de la diplomacia.
En su anuncio Pompeo agregó que la medida también se extiende a organizaciones que sólo se limitan a promover políticas sobre el aborto, ya sea a favor o en contra de esta práctica.
En este sentido, acusó a un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) de defender el aborto.
200.000 dólares menos para la CIDH
Para Pompeo, «la OEA tiene que enfocarse en la crisis en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, no en promover la causa del aborto«.
«Para asegurarnos de que nuestro mensaje sea escuchado fuerte y claro, vamos a reducir nuestras contribuciones a la OEA en una cantidad equivalente a los fondos que posiblemente fueron gastados en actividades relacionadas con el aborto», dijo el secretario de Estado, agregando que su país hará que se cumpla una política de «estricta prohibición de los esquemas de financiamiento encubierto».
El jefe de la diplomacia defendió que «los dólares pagados por el contribuyente estadounidense no sean usados para cubrir abortos«.
El portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, precisó a los periodistas que Estados Unidos va a retener 210.000 dólares que planeaba entregar en 2019 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente autónomo de la OEA.
«Nosotros trabajamos sin descanso para que el apoyo que entrega Estados Unidos a la OEA se use para propósitos que estén alineados con los objetivos de política exterior y los intereses nacionales de Estados Unidos», afirmó el funcionario.
En 2017 la CIDH publicó un informe que subrayaba «el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto» en los países de América, donde este procedimiento está muy restringido por muchos Estados, afirmando que los abortos ilegales han contribuido a la pobreza y a la alta mortalidad materna y que en la región las mujeres sufren la impunidad frente a la violencia sexual.
Pompeo dijo estar «orgulloso» de esta política que calificó como «correcta» y «decente», y agregó que como secretario de Estado instruyó a sus equipos para que «realicen las acciones apropiadas para implementar esta política tan ampliamente como sea posible».
Esta medida es también conocida como «Mexico City Policy», ya que fue anunciada durante la presidencia del republicano Ronald Reagan en la conferencia internacional de Naciones Unidas celebrada en la capital mexicana en 1984.
La política, reactivada por Trump, establece que los fondos federales de ayuda internacional no puedan ser asignados a ONGs extranjeras que practican el aborto o militan para que sea legal.
Esta restricción había sido anulada por el demócrata Bill Clinton (1993-2001), resucitada por el republicano George W. Bush (2001-2009), y anulada de nuevo por Barack Obama (2009-2017).
«Al extender esta ‘ley de mordaza’ mundial, el gobierno de Trump está adoptando una política mortal y la está empeorando«, dijo Shannon Kowalski, directora políticas en la ONG Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres.
El aborto es un tema que genera muchas divisiones en Estados Unidos y gran parte la base del electorado de Trump -compuesto por cristianos muy conservadores- consideran que esta es una prioridad electoral.
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